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Jóvenes protestan contra demolición de parque en Cotuí


  • Redacción | 06-11-2019

Un grupo de jóvenes se reunió la noche del sábado para protestar contra la demolición del parque Duarte de Cotuí, asegurando que esa no es una obra de carácter prioritario, pues dicho espacio estaba en perfecto estado.
   

“Con este encendido de velas nosotros estamos haciendo un llamado a la alcaldesa Teresa Ynoa y a las autoridades municipales a repensar las prioridades de Cotuí. Este pueblo tiene muchos barrios en estado de abandono, sin sistema cloacal, acera, contenes, asfalto y ellos están gastando casi 16 millones en un parque que estaba en perfecto estado”, explicó Rafael Ureña, dirigente comunitario.
   

Agregó que Cotuí tiene 19 kilómetros de cañada a cielo abierto, convirtiéndose en el principal foco de contaminación en esa localidad. 
   

Falta de planificación


Los manifestantes dijeron que continuarán la lucha contra el despilfarro de recursos públicos, la falta de planificación y de transparencia en la alcaldía.         Explicaron que uno de los casos que evidencia esa falta de planificación es que algunos barrios están siendo asfaltados sin antes construir un sistema cloacal, lo que ha dado lugar a que cotuí esté lleno de pozos negros.
   

“¿En qué cabeza cabe asfaltar una calle sin antes construir un sistema cloacal? eso solo se le ocurre a las autoridades locales porque luego de asfaltadas, volverán a romperlas para hacer la cloaca y volver a echar asfalto, de ese modo, se mantienen dándole las obras al grupo de ingenieros allegados al PLD y a la alcaldía”, expresó el activista social Johan Viloria.

Mal manejo de fondos mineros

   

Los manifestantes afirmaron que Cotuí no recibe el 5 por ciento que le corresponde producto de la explotación minera por Barrick Gold y que los recursos que recibe no están siendo utilizados de manera eficiente, para beneficio de la población. 
   

El mal manejo de los recursos mineros por parte de Fondos Mineros Sánchez Ramírez (Fomisar), también fue denunciado hace unos meses por parte de Juan Francisco Luna y otros regidores, quienes en ese entonces aseguraron que los recursos proveniente del 5 por ciento de la explotación minera se encontraban a plazo fijo generando intereses en una entidad bancaria.


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