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Redacción

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“Tormentas” en potencia


  • 16.09.2020 - 12:00 am

Hasta ahora los pasos iniciales del Gobierno que encabeza Luis Abinader, señalan que se va por buen camino, lo que ha merecido una alta valoración de la población según las primeras encuestas de evaluación de la opinión pública.

Los anuncios sobre Bahía de Las Águilas y Pedernales, Manzanillo y el desarrollo de la Línea, así como los anuncios de la ca­rretera del Ámbar para Santiago y Puerto Plata, han sido bien acogidos por la población. De igual manera se puede decir de las visitas a los pueblos de la república.  

Esas visitas elevan el nivel de expectativa de la población, frente a lo cual el Gobierno deberá cuidar la rapidez y la efectividad operativa de sus ejecutorias prácticas. Hay que cuidar la operatividad de las acciones anunciadas, para que esa efectividad eleve o al menos mantenga el nivel de aprobación de la gestión y su legitimidad.

Pero al tiempo que el equipo de gobierno vaya demostrando su efectividad operativa, debe estar igualmente consciente de la necesidad de definir y aplicar una estrategia de manejo de los conflictos políticos sociales que su propia gestión irá provocando dentro de los agentes y actores políticos y sociales. Es im­prescindible definir y poner en marcha una estrategia para el manejo de conflictos.

Tal es el caso del conflicto que asoma en perspectiva con el plan para el inicio del año escolar, cuya complejidad se puede agravar, con la decisión de sustituir a más de una decena de directores regionales y de distritos escolares, decisión que parece obedecer a la fuerte presión por empleos públicos de los “compañeros” de partido, pero cuya implementación parece chocar con el marco jurídico institucional.

Esa primera contrariedad pone a prueba una de las banderas de lucha del “movimiento democrático” que encabeza el partido de gobierno, tal como es la promesa de fortalecer y consolidar la institucionalidad democrática del país, sobre la base de respetar la Constitución y las leyes, por encima de intereses particulares como son los de muchos de los “compañeros” motivados por obtener una parte de la repartición de las oportunidades que da el poder.

Otra prueba conflictiva se dará con la designación de los nuevos integrantes de la JCE y de las demás altas cortes, donde ya aparecen dos posiciones contrapuestas: la del gobierno y sus aliados que, haciendo honra de su promesa de campaña, plantean que esas altas cortes, se integren por personalidades independientes que no pertenezcan a partidos, a manera de fortalecer la institucionalidad y la cultura democráticas de la nación; la otra posición planteada por el PLD, persiste en que la conformación de esos organismos se haga por consenso, mediante el reparto de las posiciones con representantes de los partidos.

Esas situaciones y otra todavía de mayor envergadura relativa a la definición de a qué  o cuáles sectores empresariales responderá y favorecerá el nuevo gobierno para fortalecer su legitimidad y la institucionalidad democrática de la nación, constituyen requisitos funcionales que exigen la definición de una estrategia, que determine el rumbo de la agenda de gobierno y las posibilidades del desarrollo económico de la nación y de la propia democracia. 

¡Qué se trabaje, pues, en la estrategia para el manejo de conflictos! 


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