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Redacción

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Signos auspiciosos


  • 29.08.2019 - 05:57 pm

La prensa ha recogido y difundido decisiones y posiciones que recientemente han evacuado varios de los organismos jurisdiccionales y administrativos de procesos y conflictos que conforman lo que se ha denominado “las altas cortes” y de cuya actuación dependerá, en buena medida, el futuro democrático de la nación.  
   
Las decisiones de tres de esos órganos tienen que ver con la institucionalidad jurídica con incidencia en el proceso electoral en curso. En primer lugar nos referimos a los fallos del Tribunal Constitucional, el cual acaba de declarar inconstitucional y en consecuencia no aplicable, una serie de disposiciones que aparecen en el articulado de la Ley de Partidos, de reciente aprobación por parte del Congreso Nacional, con lo cual se le devuelven a los actores políticos sus derechos constitucionales violentados por dicha Ley, contraviniendo los preceptos de la Constitución.
   
De esa manera, se anulan las disposiciones que impedían que los partidos presentaran como candidatos a personas que no cumplían cierto tiempo en su membresía; asimismo las disposiciones que prohibían a los partidos aliarse en su primera participación en las elecciones, entre otras. Se trata de un ejercicio por parte del TC que fortalece los derechos constitucionales de los actores políticos, al tiempo que consolida la institucionalidad democrática.
   
Asimismo, cabe destacar la decisión del TSE mediante la cual rechaza, con argumentos fundados en normas de procedimiento, la demanda de ciertos sectores del PRD que buscaban anular las convenciones últimas que formalizan el dominio que viene ejerciendo su Presidente, quien se legitima con el fallo del TSE. En este caso, sin embargo, hay que considerar que esa decisión contraria a otra anterior del mismo tribunal, viene después de que sus miembros fueran sometidos a serias presiones y vejámenes por parte del poder fáctico ejercido por autoridades del partido de gobierno aliado al PRD.
   
La otra decisión, ahora tomada por la JCE, le comunica a los partidos que van a las primarias de octubre, al PLD y PRM, que tienen de plazo hasta el 31 de agosto para cualquier cambio en la lista de los precandidatos por renuncia, muerte y fallo judicial. Esta decisión encierra una presión sobre todo para los precandidatos de la facción danilista, la cual tenía prevista la realización de unas encuestas para determinar el o los candidatos de mayor aceptación en la población electoral para enfrentarlos a Leonel Fernández. Se trata de una decisión de la JCE que podría significar su independencia respecto al grupo de gobierno dominante, lo que hablaría bien de la necesaria independencia de los poderes.
   
Por último es de destacar las recientes declaraciones del Presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, quien resalta la necesidad de la independencia de los poderes, y en ese sentido afirmó que trabaja para ello, al tiempo de hacer referencia al hecho de que “es inaceptable que una jueza vea vulnerada su privacidad y reciba acoso por sus posiciones en un caso”, así como también es rechazable que “un juez sea trasladado porque a sus superiores no le guste una decisión suya en otro caso”.
Todas estas intervenciones parecen emanar de un espíritu institucionalista, propiciador de la independencia de los poderes como prerrequisito de la institucionalidad democrática.

¡Qué se fortalezca, pues, ese espíritu democrático e institucionalista!

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