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Redacción

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Presupuesto, impuestos e inflación


  • 05.10.2020 - 12:00 am

¿Cómo se puede definir el presupuesto del Estado? Se trata de una herramienta clave que prevé los gastos e ingresos de los estados y que regula el ejercicio económico y financiero, en el contexto de un plan para el crecimiento de una nación y el bienestar social.

Además, es imprescindible que ese instrumento se sustente en la planificación que garantice un equilibrio armónico entre todas las clases sociales y la ejecución de políticas públicas por el bien común y el desarrollo integrado de la sociedad.

El presupuesto norma la operatividad del Estado y asegura una gobernanza efectiva y eficiente, en la medida establece las partidas económicas para los ministerios,  direcciones y todas las instituciones estatales, en virtud de ello, es indispensable articular programas que favorezcan a la colectividad.

Democratizar y descentralizar el presupuesto contribuye con una distribución equitativa de los         bienes y riquezas que se producen en un país, en razón de esto, es un deber de quienes controlan el poder actuar en esa dirección, a fin de desarrollar un sistema político democrático basado en justicia social, humanismo e igualdad.

Si se actúa al margen de esto, se produce un desequilibrio y el Estado deja de ser eficaz, situación que genera intranquilidad e inestabilidad social y económica que podrían provocar estallidos sociales de consecuencias impredecibles.

Caso de República Dominicana

El Gobierno sorprendió con la elaboración de un anteproyecto de presupuesto por un  monto de un billón 37 mil millones de pesos, porque se estima que es mucho dinero, el cual fue depositado en la Cámara de Diputados.

No obstante, desde que se describió la estructura presupuestaria, se advirtió el desequilibrio, debido a que se soporta en cargas impositivas que perjudicarán a la mayoría de las familias dominicanas, con mayor rigor a la clase media, ya que se introduce una reforma tributaria en desmedro de la población.

En el paquete de impuestos, se incluye gravar con un 3 % al salario 13 (doble sueldo navideño), decisión que viola el artículo 222 del Código de Trabajo, el cual consagra un derecho de los trabajadores a recibir esos recursos libres de gravamen.

También, se establece un impuesto de un 8 % sobre las ganancias extraordinarias que obtengan las empresas a causa del estado de emergencia y un 3 % a las compras que se efectúen en moneda extranjera con tarjetas de crédito y de débito; esto provocará una inflación irresistible.

Otras medidas que han indignado, es otro impuesto al gas licuado de petróleo, un 1% sobre los activos netos a los bancos comerciales y un 25 % sobre las importaciones de equipos y maquinarias para los acondicionadores de aire.

Como el Presupuesto Nacional de Ley y Gastos Públicos debe conocerse y aprobarse en el Congreso de la República, se espera que los legisladores modifiquen la pieza enviada por el Poder Ejecutivo y opten por eliminar todos los impuestos que perjudicarán a los ciudadanos.

Es cierto, el Gobierno enfrenta un déficit fiscal, pero debe supe­rarlo sin menoscabar los “pírricos” ingresos que reciben los trabajadores y la clase media.


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