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Redacción

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Los desafíos del cambio


  • 07.07.2020 - 12:00 am

El país salió de las elecciones. Con la jornada del domingo 5 de julio celebrada en medio de un clima crispado, lleno de dudas y sobresaltos, la ciudadanía volvió a dar ejemplo de su civismo y desafiando la adversidad del coronavirus, acudió en masa a depositar su voto recuperando el poder soberano de la voluntad popular.

En las pasadas elecciones la ciudadanía se enfrentaba a la disyuntiva de fortalecer el “continuismo” y su vocación al autoritarismo tradicional; o a la otra opción de consolidar y fortalecer la débil y vulnerable institucionalidad democrática. El triunfo de Abinader le abre al país esa posibilidad.

Pero esa posibilidad de fortalecer la institucionalidad democrática, supone el reto de organizar el Estado siguiendo criterios y principios éticos y morales, así como los de fortalecer el estado de derecho, haciendo valer la Ley y la licitud, recuperando el “régimen de consecuencias”, frente a la conducta violatoria de la Ley y de las buenas costumbres, sobre todo en el ejercicio de las funciones públicas. 

En ese orden se debe poner énfasis en el castigo al tráfico de influencia y al conflicto de intereses. No se debe promover que los funcionarios hagan “negocios” ejerciendo una función pública, al tiempo de impedir que los empresarios negociantes les ofrezcan oportunidades de corrupción.

Dentro de esas nuevas orientaciones del comportamiento político del Estado, debe primar la eficiencia, de modo que los órganos del Estado estén en capacidad de ofrecer servicios públicos de calidad, comenzando por el de la educación, aplicando con sentido de calidad el 4%; mejorar los servicios de salud, atendiendo con capacidad los imperativos que impone la coyuntura de la pandemia del coronavirus; así como elevar la efectividad y eficiencia en los demás servicios públicos.

La democratización racional del Estado y de la clase política, no debe perder de vista la necesaria orientación por el fomento e impulso de desarrollo económico, para lograr un crecimiento sostenido y sustentable de la economía, promoviendo una mayor justicia y oportunidades que beneficien a la población, al tiempo de proteger el medio ambiente y los recursos naturales.

Institucionalidad democrática y desarrollo económico son los dos ejes para crear las condiciones materiales del cambio. Articulando esos dos ejes se propiciaría un modelo de gobernanza dirigida a la creación de una clase empresarial desarrollista, que a su vez sirva como motor fundamental de la institucionalidad de la “economía de mercado”, pero con regulación estatal, para reducir la tentación hacia un crecimiento desequilibrado, monopólico e injusto promotor de injusticias y arbitrariedades. Hay que promover el empresariado de clase media mediante políticas públicas, que estimulen la formación de la medianas y pequeñas empresas, como fuente principal de generación de empleos y oportunidades y dentro de un contexto que persiga y castigue las conductas corruptas que dilapidan y promueven la apropiación privada de los recursos públicos.   

En ese marco, es imprescindible el fortalecimiento de una Justicia políticamente independiente, de modo que toda la institucionalidad judicial, contribuya efectivamente a reducir la corrupción, aboliendo la impunidad, así como la criminalidad y la delincuencia.

Se trata, pues, de organizar el Estado al servicio del desarrollo de la ciudadanía y de la nación.


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