Comentarios Recientes

0
Redacción

Redacción


La declaración jurada


  • 18.09.2020 - 12:00 am

La declaración jurada de bienes se ha establecido como un precepto legal dirigido a fortalecer la rendición de cuentas y la institucionalidad, a manera de prevenir y controlar la corrupción.

En ese orden, que los funciona­rios públicos salientes y entrantes presenten a la Cámara de Cuentas sus patrimonios, se puede consi­derar un paso de avance en el  proceso de consolidar la vida institucional del país y la transparencia. Por esa vía se debería esperar un mayor nivel de con­fianza en la población sobre la honestidad y honradez de los que gobiernan. 

Ese precepto legal, entonces, estimularía a las buenas prácticas en la administración pública, para que la misma no solo sea ética, lícita y moral, sino que a la vez asegure la eficiencia y la pulcritud en el uso de los recursos públicos, los cuales deben dirigirse a la solución de los problemas de la población y para el fomento del desarrollo de la nación.

Sin embargo, el hecho de que buena parte de los funcionarios salientes y entrantes hayan hecho pública sus declaraciones de bienes, ha dado lugar a variados comentarios en los opinadores habituales, quienes en vez de importantizar la carrera por la transparencia y la honestidad de los funcionarios, se dan a la tarea de restarle credulidad a las informaciones ofrecidas, extendiendo un manto de dudas que debilita la necesaria confianza entre la ciudadanía y la clase go­bernante.

Empero, el mecanismo de la declaración jurada debe mantenerse y establecerse como una rutina obligada para todo aquel que llegue a ocupar una posición pública, de forma tal que dicha práctica vaya contribuyendo a crear una cultura democrática y de honestidad en la clase política que ocupa las funciones públicas.

Los organismos oficiales encargados de verificar la validez y confiabilidad de las informaciones ofrecidas en las declaraciones juradas, deberán proceder a realizar las indagatorias de lugar, a fin de que ese instrumento se valide y se institucionalice y rinda sus frutos para bien de la organización democrática del Estado dominicano.

¡Veamos el lado positivo de esa buena práctica!

Comparación entre­te­nida

Salta a la vista, si comparamos el nivel de riqueza de los funcionarios que salen y los que entran al tren de gobierno, que una buena parte de los nuevos funcionarios supera, en el nivel de sus patrimonios, a la gran parte de los funcionarios salientes.

Es un balance sorprendente, si se considera que la imagen legitimada en la opinión publicada, es que los funcionarios salientes participaron por 16 años en los go­biernos donde la corrupción alcanzó su mayor dimensión, según las creencias cotidianas y también de acuerdo a los estudios de organismos internacionales. Por eso es imprescindible que se verifiquen y validen las informaciones de las declaraciones juradas.

Pero el hecho de que los funcionarios entrantes tengan tal nivel de riqueza acumulada y transparentada, podría ser una condición material que induzca a un comportamiento más prudente y mo­derado respecto a la tentación de la “apropiación privada de los bienes públicos” y de esa forma el gran volumen de recursos desviados, sea aplicado para fomentar el desarrollo económico y el bienestar de la nación.

¡Esperemos, pues, que los nuevos funcionarios que entraron en “jeepetas”, salgan en “chancletas”!


Comentarios

Name of User
Sé el primero en comentar

Ir arriba