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Redacción

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La corrupción en AL y RD


  • 24.09.2019 - 03:05 pm

Participación Ciudadana ha dado a conocer el informe de Transparencia Internacional puesto a circular en Berlín, Alemania, donde se establece que más de la mitad de la población en 18 países de la América Latina y el Caribe, considera que la corrupción se agudiza en la región y que los gobiernos no están tomando medidas para combatirla.
   
Sobre República Dominicana el informe coloca al país en el segundo lugar en corrupción, siguiendo a Venezuela que ocupa el primer lugar y Perú el tercer puesto. Asimismo el estudio sostiene que en República Dominicana el 66% de la población cree que la corrupción ha aumentado y el 72 % cree que el gobierno ha fracasado en la lucha contra la corrupción.
   
Estas y otras consideraciones que el estudio detalla, confirman que la corrupción es uno de los flagelos que afecta más al país y al propio gobierno, fenómeno que si se combina con la ineficiencia del Estado en la oferta de servicios públicos como salud, educación, energía y agua potable, así como en seguridad ciudadana, delincuencia y criminalidad, esa combinación disuelve los efectos positivos que reporta la gestión de gobierno, relativos al crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica. Y con ello resulta un saldo final negativo en materia del desarrollo humano y en el bienestar de la población que ya comienza a desaprobar la buena gestión del gobierno, según el mencionado estudio de Transparencia Internacional.
   
La corrupción no solo tiene consecuencias económicas negativas, sino sobre todo moral y ética socavando la mística del gobierno y de la población, al tiempo de confundir el rumbo que han de llevar los países para lograr un funcionamiento económico e institucional, que los conduzcan al desarrollo. También la corrupción, como lo pone en evidencia el estudio, afecta la legitimidad del régimen político, al distorsionar la voluntad popular con la compra del voto y de la conciencia del electorado.
   
En ese orden el informe de TI demuestra que “uno de cada cuatro ciudadanos recibe sobornos a cambio del voto en las elecciones nacionales, regionales y locales”, con lo que se afecta la legitimidad democrática del régimen político, poniendo en riesgo la institucionalidad en nuestros países.
   
Estos datos del informe de Transparencia Internacional, nos deben servir para fundamentar una necesaria reflexión sobre cómo en nuestros países se está practicando la política, despojándola del necesario componente ético, que asegure que las políticas públicas no solo promuevan el desarrollo y el crecimiento, sino los necesarios valores de la justicia distributiva y del equilibrio social, para que la prosperidad se derrame en toda la población.
   
En nuestro país otro informe del BID ha fijado en 170 mil millones anuales lo que la corrupción y el derroche de recursos se llevan para beneficio de ciertos grupos que le quitan la oportunidad a la mayoría de la población.
   
Ese nivel de injusticia, oficialmente promovida, sencillamente es inaceptable y no puede ser. Hay que ponerle un freno a la criminalidad que le arranca la tranquilidad a la ciudadanía, pero de igual modo hay que detener la carrera pervertida de la corrupción, que le roba la oportunidad del desarrollo al país.

¡Comencemos ahora con esa misión!

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