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Pedro Mendoza

Pedro Mendoza


La anarquía echa por tierra el esfuerzo de toda la nación. ¡Evitémosla!


  • 19.04.2021 - 12:00 am

El otro día, casi todos los noticiarios de la televisión nacional, transmitió a todo el país las increíbles imágenes de un enfurecido gentío que en el municipio de Mao, Valverde, atacó las instalaciones de un Recinto judicial de aquella ciudad. Según el reporte noticioso, la turbamulta la iniciaron los familiares de la víctima de un homicidio ocurrido en aquella provincia, inconformes con una decisión adoptada por el Tribunal en el susodicho caso. Pero si sorprendente fue el inaceptable suceso, más sorprendente aún fue ver cómo las autoridades policiales, encargadas de la seguridad y el orden de aquel lugar, por tratarse de un edificio público dedicado a juzgar a los ciudadanos e instituciones de cualquier índole que vulnere las leyes y el derecho de las personas, apenas pudieron observar impotentes los desmanes o el desorden provocado por aquellos enardecidos inconformes. 

Por supuesto, no voy a acusar de ineficaces a los agentes policiales que estuvieron frente a la acción de aquel apabullante desorden, porque sé que nuestras fuerzas policiales no reciben un entrenamiento particular para gestionar situaciones tan peligrosas como esas. Pero sí debo decir que una cosa es que la Policía cometa arbitrariedades o abuse de la autoridad que le confieren las leyes que regulan el llamado Orden Público, y otra muy distinta es que dicho Cuerpo aparezca como el más bonito ejemplo de la FRAGILIDAD del Estado frente a grupos o individuos que pretendan burlarse del “supuesto” respeto que  merece el Orden Público. 

Por más cólera o pique que le despierte a un ciudadano cualquier decisión que tome un Tribunal, ese ciudadano jamás debe cometer el desatino de ir a castigar con garrotes, piedras, armas caseras o de fuego al Tribunal, porque tal acción, aunque le parezca una reacción natural y tal vez justificada a los que protesten, la verdad es que constituye una grosera agresión al Orden Público y a las normas del Estado dominicano y la definición de Estado no ha variado, todavía es “fuerza organizada”, lo que significa que está legitimado cada vez que use esa fuerza contra un ciudadano o contra un grupo provocador. 

Desde los inicios del siglo 20, cuando la Psicología social empezó emerger como una disciplina que describiría, analizaría, diagnosticaría y manejaría la conducta normal, conflictos y conducta  patológica de grupos, sociedades o pueblos, se ha establecido, y esos son los aspectos que por lo general se espera que dominen los cuerpos de Policía de cualquier país, los siguientes tres discursos frente a la posible violencia que desencadene una persona o un grupo cuando a causa de un contexto económico, político, social o judicial, barrial o particular, se genera un desorden o turbamulta que altere la paz pública o el orden de un entorno más reducido. 

Esos tres aspectos son 1) la imagen o espíritu de un monstruo  que envuelve a un grupo de individuos que podría desbordar la capacidad de los responsables del orden público de limitar su avance y ataque. Aquí la autoridad legítima, aunque atenta al derecho de la gente, no cabe en su carpeta de observar el derecho de terceros, tolerar que un grupo violento dañe a ciudadanos pacíficos o destruya bienes públicos y privados. 

2) la imagen de capacidad de gestión de situaciones peligrosas. Dicha imagen de capacidad de salvaguarda de la seguridad pública debe ser vista, convicentemente, por cualquier ciudadano que pretenda desencadenar un ambiente o situación delictiva perjudicial para el entorno social o del Estado.

3) la imagen de fama del ciudadano o grupo que no teme al Estado ni a las instituciones que lo representan. En ciertas circunstancias, dice el psicólogo estadounidense Dale Miller, hay personas y a veces grupos, que perciben como normal cualquier comportamiento violento, agresivo y hasta obsceno que quiera mostrar  o llegue a exhibir. 

Esa percepción o creencia es peligrosa porque usted o el grupo del cual forma parte puede sentirse envalentonado y energizado y ahora henchido de una descarga de adrenalina, es capaz de provocar o desencadenar unos 15 minutos o una hora de  agresión múltiple. Y como la autoridad policial tiene el deber legal de proteger el orden y las propiedades públicas y privadas, pues cargará contra aquellos o aquel que desencadenó el desorden. Así las cosas, golpeados, heridos y hasta muertos podría ser el resultado. 

La Policía, una vez tomada las precauciones de lugar, sin ceder terreno a la provocación inducida, y aunque sea criticada y maldecida, no puede cruzarse de brazos frente a individuos productores del caos.


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