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Redacción

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Justicia independiente


  • 05.02.2021 - 12:00 am

El  clamor por una justicia independiente cobra mayor validez y sentido cuando se van develando ciertos hechos que ponen al desnudo hasta dónde la Justicia fue capturada y secuestrada por  la clase política gobernante pasada.    

En efecto, con la extradición de un implicado en el caso de la corrupción criminal que se anidara en la OMSA, se ha dado a conocer por el nuevo Ministerio Público que las anteriores autoridades que controlaban ese órgano del Estado, no hicieron ninguna gestión por la extradición del acusado material del asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez.

Esta revelación contradice los diversos anuncios hechos por el anterior Procurador, quien en el 2018 informó en varias declaraciones a la prensa que había gestionado dicha extradición y que solo esperaba que la Justicia de los EE.UU enviara al prófugo apresado en aquél país.  

La pregunta que habría que hacerse es: ¿Por qué el anterior Procurador mintió a la opinión pública, afirmando unas gestiones que no hizo ante los EE.UU.?

La pregunta es también válida para otro caso que se ventila en los medios, como lo es el de la Cámara de Cuentas, cuando se ha revelado que las auditorías hechas a las obras de la Odebrecht fueron falsificadas por el Pleno de dicho organismo de fiscalización, con el voto disidente de su Presidente y de otro magistrado.  

¿Cuál es la razón de ese comportamiento en ambos casos? La respuesta es sociológicamente sencilla: Primero en ambos casos se busca proteger a los culpables de hechos criminales y de co­rrupción, recurriendo a los meca­nismos de la impunidad. Esa impunidad resulta una necesidad derivada de un modelo de dominación política que tenía como objetivo, convertir a la cúpula política del partido de gobierno y sus relacionados en la nueva clase gobernante, integrada por sectores provenientes de la marginalidad social y que asumieron como misión aprovechar su paso por el poder para apropiarse de los recursos públicos, así como del control de todo el aparato estatal para elevarse a la categoría de clase gobernante y al mismo tiempo dominante. 

Para esa conversión se recurrió a variados mecanismos de la corrupción y de control para mediante la impunidad proteger los ilícitos que se hubieron de cometer. Por eso también se pasó a montar todo un enorme aparato comunicacional, para socializar un pensamiento único que respondiera a la nueva clase.    

Se trataba  de una genial aplicación de la teoría marxista del Estado capitalista, mediante la cual las clases dominantes y gobernantes, no solo imponen la institucionalidad para ejercer su dominación absoluta y totalitaria, sino también el pensamiento único que legitima esa función.

De esa manera se entiende que el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas fueran secuestrados como instrumentos que respondieron al interés de la nueva clase gobernante, de modo que garantizaran la necesaria impunidad y la corrupción local e internacional  inducida por la Odebrecht y demás multinacionales brasileñas.

Tienen, pues, razón quienes pregonan la necesidad de una Justicia independiente que no responda al partido y a la clase dominante, sino que responda a la visión clásica del Estado democrático. El gran desafío para el presente gobierno es cómo ir desmantelando esas estructuras de la corrupción y de la impunidad.

¡Qué se siga el nuevo camino institucional del “cambio”! 


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