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Redacción

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Fortalecer el combate ante el Covid


  • 19.01.2021 - 12:00 am

El rebrote del Covid-19 que se evidencia en el alto índice de contagio diario que se viene registrando luego de las navidades, constituye un motivo de preocupación de las autoridades y de la propia ciudadanía más consciente.

La situación pone en evidencia las dificultades sociales e institucionales que impiden una mayor efectividad para controlar  el coronavirus. Las autoridades del orden público resultan desbordadas por una ciudadanía que ante las restricciones que impone el “toque de queda” parece dispuesta a violentar las normas prudenciales, así como también las medidas contenidas en el protocolo sanitario establecido, razón por lo que se ha visto elevarse la tasa de contagio a cifras similares a los meses de abril y mayo pasados, llegando a superar el 30%, lo que a su vez presiona la capacidad hospitalaria en términos de camas disponibles, así como de unidades UCI y de ventiladores. 

Ante la gravedad de la situación ha sido reconocido el vacío normativo en términos de un marco legal que actualice las sanciones y penalidades, vacío jurídico que se pusiera de manifiesto cuando la Procuraduría General, intentó establecer un esquema de penalidades y multas contra los violadores del “toque de queda”.

Ante esa situación se ha visto la necesidad de que el Congreso Nacional legisle para fortalecer el marco jurídico prudencial, que permita penalizar a los violadores tanto del toque de queda como al protocolo sanitario. En ese orden el Juez Alejandro Vargas ha propuesto al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público someter al Congreso un proyecto de Ley para perseguir y judicializar las violaciones al toque de queda, así como a las medidas sanitarias, a modo de combatir con mayor efectividad la pandemia y cualquier otra emergencia que sea necesario enfrentar. Se trata de una propuesta que merece ser ponderada a fin de que se tomen las medidas pertinentes para combatir el virus. 

Esa necesidad también debe contemplar la implementación de programas de educación que orienten a la población en la prevención y la curación del virus. En ese sentido, el sistema médico nacional ha experimentado una serie de medicamentos para el tratamiento de la enfermedad que han demostrado cierta efectividad sin peligro para la población, tanto para la prevención como para la curación.

Esos tratamientos aunque no gozan del aprecio de las corporaciones sanitarias aprobadas que conforman los grandes intereses que mueven a la industria de los fármacos, deben ser considerados en la emergencia como alternativas sobre las cuales se debe o­rientar y educar a la población para su adecuado uso para evitar o moderar los daños del Covid-19.

Fortalecer el marco jurídico y una campaña educativa preventiva deben ser prioridades de las autoridades en esta fase de la pandemia.

¡Hay, pues, que bajar al mínimo el contagio del Covid!


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