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Redacción

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El TC y elecciones


  • 05.02.2020 - 12:00 am

El presidente del Tribunal Constitucional fue muy claro al señalar que nadie puede obligar al TC a violar su propia ley. Esas expresiones ocurren luego de que el alto tribunal dejara en estado de fallo varios recursos de inconstitucionalidad que podrían afectar la candidatura de Leonel Fernández.

La candidatura de Fernández ha sido aceptada e inscrita por la JCE, luego de que el TSE fallara a su favor. Faltaría que el TC se pronuncie y por eso ese tribunal siente la presión de una decisión en un sentido o en otro.

Frente a esa expectativa, los pronunciamientos de Ray Guevara, dejan entrever que ese órgano responsable de preservar el orden constitucional, no está en la disposición de acelerar o festinar un fallo violando su propia Ley que le señala un protocolo para el debido proceso, sin violar su Ley orgánica.

Esa posición, que debe ser apoyada por la ciudadanía constitucionalista, podría significar que el fallo sobre esos recursos de inconstitucionalidad podría sobrepasar el período de tiempo de las elecciones municipales y hasta de las nacionales. El presidente del TC argumenta que al Congreso le tomó hasta 17 años para aprobar la Ley de Partidos, así como la del Régimen Electoral, y aunque han tratado con urgencia los asuntos electorales, la ley del tribunal le “acuerda el plazo para fallar dentro de un término máximo de cuatro meses a partir de la fecha en que concluye la vista”. 

Dice el presidente del TC, en su declaración más reciente, que el tribunal ha declarado de urgencia esos expedientes, pero que no puede violar su propia Ley. Esto hace pensar que la candidatura de Leonel Fernández no presentará inconvenientes de inconstitucionalidad y que se puede considerar una decisión de hecho.

Esa perspectiva tranquiliza a la ciudadanía, ya que una eventual prohibición de una candidatura de facto y legitimada por la JCE y el TSE, introduciría un ruido tan fuerte que pudiera desestabilizar el proceso de las próximas elecciones.

La decisión estratégica del Tribunal Constitucional, luce, pues, una decisión sensata y tranquilizadora, en cuanto a la candidatura del expresidente Fernández, que sin dudas es uno de los grandes competidores del proceso.

¡Qué se cumpla y se respete el orden constitucional!

JCE y la Policía Electoral

La actuación de la Policía Electoral bajo el mando de la JCE, constituye un serio desafío para el organismo electoral. 

Se ha construido una gran expectativa en cuanto a la necesidad de perseguir y castigar los delitos electorales y en especial la compra y venta del voto, práctica que se registra en todos los procesos electorales, y frente a los cuales la Policía Electoral se ha hecho la indiferente, propiciando dicha práctica.

En la reunión de la JCE con los militares que formarán parte de la Policía Electoral, el presidente de la Junta les exhortó a los militares a actuar con firmeza en la defensa de la ciudadanía y el orden público el día de las elecciones. 

La exhortación debe reforzarse en la fase del entrenamiento previsto, haciéndose más especeifica en cuanto al inquietante problema de la compra y venta de los votos. Las elecciones deben ser ordenadas y limpias.

¡Qué la Junta no rehúya a ese desafío! 


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