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Redacción

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El otro desafío


  • 07.04.2021 - 12:00 am

El gobierno de Abinader se fortalecerá o se debilitará dependiendo de cómo enfrente el proceso de la Justicia independiente, el cual tiene por delante la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas y del Defensor del Pueblo, donde se determinará si el nuevo grupo gobernante será capaz de impulsar la Justicia independiente o si esa aspiración morirá en sus manos. 

El Senado en su mayoría relativa dominado por el partido de gobierno, tiene la palabra y la decisión de levantar la bandera de la institucionalidad democrática, o de arriarla y abandonar esa causa política.

Pero así como el gobierno está obligado a asumir su definición ante esa controversia, de igual manera se enfrenta a otra controversia similar con lo de las tres causales y el aborto. Esta controversia coloca al gobierno frente a la disyuntiva de si se va con los conservadores liderados por las iglesias opuestos a las tres causales, o si apoya a los grupos liderados por sectores de las clases medias, las mismas que se manifestaron en la Plaza de la Bandera en apoyo al “cambio”.

Si se va con los “pro vida” daría un paso en la dirección de alinearse con los sectores conservadores y si por el contrario se va con los “pro aborto” condicionado por las tres causales, se identificaría con esos segmentos de las clases medias, marcando distancia con los sectores conservadores.

En cierto modo, el Presidente Abinader se ha manifestado a favor de las tres causales, como lo hicieran los presidentes que le antecedieron, pero ha dejado en libertad a los legisladores de su partido para que tomen una decisión en un sentido o en otro. Si él indujera a sus legisladores a favor de las tres causales y se aprueba, estaría obligado a promulgar la nueva ley del Código Penal, aunque fuera inconstitucional, pero identificándose con los “pro aborto” de las clases medias.  

Si los legisladores, dejados en libertad, rechazan las tres causales y aprueban el Código Penal de acuerdo al precepto constitucional, el presidente estaría también obligado a observar dicha ley para ser coherente, pero pospo­niendo la aprobación del Código Penal nueva vez, al tiempo que con ese resultado quedaría bien solo a medias con los “pro vida” y con los “pro aborto”.

En ese último caso, se perjudicaría la Justicia dominicana al posponerse otra vez la aprobación del Código Penal, el cual espera por más de siglo y medio por su renovación y actualización. La falta de un Código Penal actualizado constituye uno de los obs­táculos para que la Justicia contribuya a mejorar la administración de justicia, haciéndola más efectiva en su lucha contra la conducta delictiva y criminal, contra la corrupción y la impunidad, y para ponerla en condición de que favorezca una más fuerte institucionalidad democrática del país.

Por eso concluimos que lo razonable en esa controversia estéril, es que el tema de la despenalización del aborto se saque de la aprobación de la ley del nuevo Código Penal. En todo caso queda pendiente la decisión política por parte del Presidente, sobre cuál es su base social de sustentación.

¡Frente a esa disyuntiva en política hay que decidir!


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