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Redacción

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Desafío a la institucionalidad


  • 08.02.2020 - 12:00 am

Los incidentes que se están presentando uno detrás de otro en torno a los partidos y la JCE en su rol de administrador, organizador y fiscalizador del proceso electoral, ponen de manifiesto las serias dificultades que confrontan los actores políticos, para adecuar su comportamiento a la institucionalidad democrática determinada por el marco jurídico electoral.     

Esos frecuentes incidentes muestran el nivel de conflictividad en que se está desarrollando el proceso electoral, como consecuencia de los grandes intereses fácticos en disputa y que presionan a toda la institucionalidad electoral, especialmente a la JCE, al TSE y al TC, colocados  en medio de esa lucha de intereses. La Junta es el escenario preferido para descargar en ella toda la “furia” de las inconformidades y temores que son generados por los intereses en lucha.   

Ese juego de intereses encontrados pone a su vez en claro las serias limitaciones y barreras que impiden la institucionalidad y la conducta democráticas de los actores. Algunos, en esa lucha, dicen defender la democracia dominicana, mientras otros parecen más dispuestos a mantenerse aferrados a la tradición autoritaria que se fundamenta en el ejercicio fáctico del poder, más propenso al uso y abuso de la fuerza, tal como lo practica la jefatura caudillista aún vigente en muchos de los que llegan a ocupar posiciones de poder en el Estado.   

La dinámica electoral, más que una lucha entre partidos por las posiciones públicas que debe ser reglamentada por la institucionalidad electoral, está siendo determinada por el conflicto entre las facciones de la nueva clase gobernante y dominante y que se expresa con agresividad en las diversas expresiones partidarias y sus candidatos. No se trata, pues, de una lucha electoral por los cargos electivos y administrativos, se trata de una típica lucha de clases, donde unas facciones luchan por alcanzar el poder político para lograr la condición de fuerza social dominante, mientras otras se aferran al poder con el propósito de perpetuarse como clase dominante.

En esa lucha “a muerte” las facciones recurren a todo tipo de recursos, legales e ilegales, fácticos  y legítimos, haciendo de la institucionalidad constitucional y legal democrática la primera víctima, para así establecer las bases de la apropiación de los poderes del Estado, así como de la apropiación de los recursos públicos y de esa forma darle sustentación autoritaria a su poder dominante.

Por esas razones sociológicas los órganos de la institucionalidad democrática como son la JCE, el TSE y el TC se ven desbordados por la fuerte presión a la que son sometidos. Y por eso se explica el llamado que hacen el presidente de la Junta y el director de la FINJUS por la “prudencia” y la “razonabilidad”. Nunca una Junta había sido sometida a tantos incidentales y a tanta presión, pese a su mansedumbre democrática y civilista exhibidas: el “autoritarismo” la acosa.

Por eso la masa de ciudadanos independientes y civilistas debe brindarle todo el apoyo a la JCE, para que pueda trabajar y hacer cumplir el nuevo marco jurídico, a través del cual se ha de expresar la voluntad popular con transparencia y limpieza, para que surjan gobernantes confiables y legítimos que fortalezcan la democracia dominicana.

¡Qué se luche por elecciones normales y tranquilas!


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