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Redacción

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Del estrés político


  • 16.07.2019 - 05:35 pm

La crisis interna del partido de Gobierno se intensifica, al tiempo que se hacen más frecuentes los accidentes de tránsito mortales, los feminicidios y los actos de la delincuencia común. Todo ello junto mantiene un clima pesado caracterizado por la incertidumbre y la angustia.
   
Los accidentes de tránsito no parecen tener solución pese a que se estableció una nueva ley con el propósito de regular el tránsito y transporte, para lo cual se constituyó el INTRANT como instrumento regulador e integrador de toda la institucionalidad de la movilidad vial.
   
Sin embargo, ese nuevo marco jurídico e institucional no ha logrado impactar en la disminución de los accidentes fatales con saldos de muertos y heridos. Los hechos se suceden uno detrás de otros en las carreteras y autopistas del país, donde todavía no se ha establecido un montaje institucional para regular y controlar la conducción vehicular.
   
Cabe preguntar: ¿qué es lo que impide que se monte en nuestras carreteras y autopistas un nuevo sistema al estilo 911 para la vigilancia y control de carreteras? Hay que saber algo elemental: un sistema de control vial no solo se da a nivel normativo o nominal. Se tiene que operacionalizar mediante un personal especializado para ello, debidamente equipado con unidades vehiculares para el control físico y con una plataforma tecnológica que haga efectiva la logística del sistema. ¿Por qué eso no se ha hecho y por el contrario las vías que conforman la moderna red vial del país se mantienen desguarnecidas sin unidades motorizadas de control vial?
   
Aunque más compleja, la situación de la delincuencia y de la violencia manifestada en los feminicidios y en el raterismo, tampoco ha merecido una adecuada respuesta del Estado. No se siente una iniciativa pública para abordar esos males que hoy día atormentan la vida familiar y ciudadana. Los planes que se anuncian para atacar estos problemas solo se materializan como expresiones mediáticas, sin ningún resultado positivo que presagie la normalización y control de esos fenómenos.
  
Por esas razones la población se ve cada vez más indefensa y abandonada a su suerte, porque no hay desde el Estado una respuesta con sentido de eficacia y eficiencia para abordar esos males que azotan la tranquilidad de la familia dominicana. En ese plano lo que se hacen son los famosos “operativos” dentro de la estrategia del “allante y movimiento” de impacto mediático.
   
Ante esa inefectividad del Estado, esos problemas que padece la población se agravan con el estrés que viene provocando la crisis política, la que adiciona la indefinición y la anomia a causa de una lucha por el poder que desestabiliza la institucionalidad fundamentada en la Ley y la Constitución, institucionalidad que no logra todavía estabilizar una fórmula sucesoral del poder, tal como se ha intentado establecer a nivel de la Constitución.
   
Por el contrario se insiste en mantener, por encima de lo que dice la Constitución, la vieja tradición autoritaria de la reelección, acudiendo para ello a prácticas no solo violadoras de la institucionalidad legal y legítima, sino violatoria de la ética, la licitud y la moralidad. Por ello el estrés generado por la crisis política se hace mayor y angustioso.

¡Fortalezcamos, pues, las vías constitucionales en la lucha por el poder!   

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