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Dariel Guzmán

Dariel Guzmán


¿De vacaciones por coronavirus?


  • 21.03.2020 - 12:00 am

Es de conocimiento general que el trabajo no solo se caracteriza por ser un derecho fundamental que reconoce la Constitución de la República a los ciudadanos, y que ha incluido en el catálogo de los derechos económicos y sociales (art. 62), sino que además su ejercicio tiene una función social cuya protección y garantía obligan al Estado. 

Dentro del conjunto de prerrogativas que las normas, tanto del sector público (Ley 41-08 de Función Pública, otras) como del privado (Ley 16-92 Código de Trabajo), se encuentran las formas de remuneración (salarios, incentivos, otros), los descansos, las vacaciones, licencias, entre otras, cuya concepción original se orienta a la protección de los trabajadores y a la creación de condiciones del empleo digno al que hace referencia la propia Constitución. 

El ejercicio o disfrute de los derechos que se enunciaron antes están sujetos a ciertas condiciones, pero sin dudas la modalidad y forma en que pueden ser dispuestos, deberá atender siempre a la que resulte más favorable a los trabajadores (por principio In dubio pro operario). 

Las circunstancias actuales que viven ciudadanos de 158 países del mundo, incluyendo el nuestro, a raíz de la expansión global de una pandemia denominada Coronavirus (COVID-19), no solo han generado un estado de emergencia sanitaria global, sino que ya comienza a tener importantes repercusiones en el orden económico y social, y particularmente en el ejercicio laboral de las personas, hoy limitadas por aislamiento decretado en gran parte de los países afectados. 

En el caso de la República Dominicana, el gobierno anunciaba el pasado 17 de marzo, una petición formal al Congreso Nacional para aprobación de declaratoria de estado de emergencia, y así evitar la propagación y contagio masivo por el virus COVID-19 a la ciudadanía. Este estado de emergencia (amparado en la Ley 21-18), fue solicitado con el propósito de legitimar el aislamiento general decretado, limitando por tal excepción los derechos de tránsito, asociación y reunión, que reconoce la Constitución a todos los ciudadanos.

Del mismo modo, el Poder Ejecutivo motivaba su petición en el sentido de obtener aprobación del Congreso Nacional para adoptar medidas de carácter económico que pudieran proteger los sectores económicos nacionales, al tiempo que garantizaran además el empleo y los ingresos de los trabajadores. 

Dentro de las medidas tomadas por el presidente, y que atañen a nuestro análisis, se encuentra la suspensión de todas las actividades comerciales por un periodo de 15 días, exceptuando las de naturaleza relevante para atender la emergencia nacional decretada o las necesidades básicas de la población (supermercados, colmados, estaciones de combustibles, farmacias, entre otras). 

Así también, para el sector público, el Ejecutivo ordenó, que los mayores de 60 años y que padezcan de alguna condición especial de salud (diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias, entre otras) permanezcan en sus casas mientras dure el estado de emergencia. Por último, instruyó para que el resto de servidores públicos fueran alternados en grupos a razón de 50% de empleados por semana, y el resto permanecieran en sus casas. 

Empleadores privados, e incluso directivos públicos, ante las medidas anunciadas por el gobierno, comenzaron a organizar y distribuir el personal empleado para las labores, recurriendo a importantes vías alternas, entre las que destaca el teletrabajo (trabajo a distancia), con el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s).

Sin embargo, y quizás por encontrarnos frente a la incertidumbre que genera un estado de excepción, la creatividad o necesidad, ha llevado a muchos empleadores a recurrir a métodos que no fueron concebidos para tal circunstancia especial, en perjuicio de sus empleados o subalternos. Uno de ellos, otorgar vacaciones en este periodo especial. 

La naturaleza de este derecho puede ser comprendida incluso sin la necesidad de recurrir a la frecuente hermenéutica a que sometemos los abogados las normas en sentido general.  Pues tanto en el orden privado (Art. 177, Ley 16-92 Código de Trabajo), como en lo público (Art. 177. 53, Ley 41-08 de Función Pública), las vacaciones han sido concebidas para su disfrute, idea esta que no requiere gran interpretación o explicación, y que resulta incompatible con el estado actual y especial decretado por el Poder Ejecutivo y que podrá ser refrendado por el Congreso Nacional. 

Entre los propósitos reconocidos a los trabajadores por efecto del derecho a las vacaciones, entre otros, se encuentran: 1- El descanso, con la idea de reponer fuerzas perdidas por el simple transcurso del tiempo laborando (Sentencia C-035/05, Corte Constitucional de Colombia); 2- la recreación, en sus diversas modalidades y formas.  

Tales beneficios, consecuencias naturales de las vacaciones, resultan totalmente incompatibles con el estado de angustia, ansiedad o pánico en el que se pueden encontrar las personas afectadas por un estado de emergencia nacional como el actual cuya motivación, de carácter sanitario, amenaza la salud e integridad propia y la de sus familiares. Así también resulta arbitrario, irracional e ilegitimo, pretender conceder esta prerrogativa laboral a favor de trabajadores que en este momento no pueden, por efectos legales y humanitarios, ejercer su derecho al libre tránsito. 

Distinto es el caso de las licencias, cuya naturaleza puede responder a diversas circunstancias, sobre todo en el orden del empleo público; una de esas circunstancias es la consecuencia del estado actual.

En este sentido, y sobre el estatus de los empleados públicos que actualmente se encuentran aislados en su casa por la disposición presidencial, unos cumpliendo labores ordinarias por la modalidad de teletrabajo, otros sin asignaciones o imposibilitados de ejercerlas por la naturaleza particular de sus labores, estos se encuentran cumpliendo lo que, a juicio de la norma, se considera una licencia especial por causa de fuerza mayor, y para la cual se dispone el disfrute de sueldo (art. 57, ordinal 6, Ley de Función Pública, 41-08)

Volviendo al aspecto relativo a vacaciones, en el caso de los servidores públicos que se encuentren disfrutando de las mismas en estos momentos y que se ven afectados por la medida decretada de estado de emergencia por el Poder Ejecutivo, dichas vacaciones quedan ipso facto suspendidas hasta el momento en que cese la situación de fuerza mayor que ha impedido su disfrute, en este caso el estado de excepción (por efecto del artículo 61 del Decreto 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública). 

Si bien para la suspensión del cómputo de vacaciones por causa de fuerza mayor como señala el artículo 61 del Decreto 523-09, se necesita la presentación del documento que avale tal situación, en el caso que nos ocupa incluso no será necesario proveerse de tal documento o prueba para acreditar la situación reseñada, esto al tratarse como hemos explicado de un estado de excepción por emergencia nacional, decretado por el Poder Ejecutivo, refrendado por el Congreso Nacional, y de cuyas actuaciones ninguna autoridad pública, persona física o moral en el territorio nacional puede alegar desconocimiento. 

En el ámbito del trabajador del sector privado, queda claro del mismo modo su derecho al disfrute de vacaciones y la inviolabilidad de tal prerrogativa por cualquier circunstancia ajena a la voluntad de este. Así, el artículo 185 del Código de Trabajo, al referirse al disfrute de vacaciones, indica que estas no pueden ser suspendidas o disminuidas por las faltas de asistencia del trabajador, si dichas faltas (ausencias) se amparan en alguna causa justificada (caso de fuerza mayor). 

La suspensión o afectación de derechos fundamentales vinculados al trabajo (artículo 62 de la Constitución), no fueron autorizados por la propia norma constitucional (artículos 262 en adelante), ni tampoco contemplados entre las medidas de suspensión que señala el artículo 11 de la Ley 21-18 sobre estados de excepción que refiere de forma taxativa cuales derechos pueden suspenderse.  Tampoco fueron requeridas autorizaciones para afectar tales derechos en la solicitud elevada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, y consignadas en la Resolución que autorizó la medida declarada, así como el decreto expedido a tal efecto. 

En definitiva, empleados públicos y privados que estén actualmente aislados en sus casas, guardando cuarentena en cumplimiento de lo ordenado por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, no pueden considerarse de vacaciones u obligárseles a consentir las mismas para este periodo, sin que tal actuación sea violatoria de sus derechos laborales. El disfrute de este derecho solo será efectivo y legítimo, una vez sea decretado el levantamiento del Estado de emergencia que actualmente nos afecta. 


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