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Redacción

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Cuál es el cambio


  • 29.07.2020 - 12:00 am

Las encuestas de opinión recogieron de la población su inclinación favorable al cambio de gobierno. Esa inclinación se manifestaba independientemente de la aprobación de la gestión del go­bierno que por lo regular era de una alta valoración positiva.

Para la gente y los políticos de la oposición el cambio se sintetizaba en una justicia independiente a partir de una Procuraduría de la República que no responda a los intereses del gobierno de turno.

Esa fue una de las promesas hechas y asumidas por el Presidente Electo como bandera de campaña. De esa manera, el cambio no es solo la sustitución de un equipo de gobierno por otro, sino una oferta para transformar la institucionalidad democrática, de tal manera que se garanticen los principios fundamentales de la democracia como son: la se­paración de los poderes y la alternabilidad de los grupos en el poder político, al tiempo que se den una mayor transparencia y una mayor vigencia de la ética y la licitud en los actos de gobierno.

Como se puede apreciar el cambio se percibe como una transformación del plano institucional para que la política fortalezca y eficientice el aparato del Estado, a partir de una sustancial mejoría de la Justicia y un comportamiento ético de los incumbentes de las funciones públicas.

Sin embargo, el cambio en un país como el nuestro, donde la cultura política predominante impone un modelo de liderazgo basado en el paradigma de la dominación personal que se materializa en la jefatura caudillista, el cambio, para que se haga factible, debe partir de una profunda modificación en la relación del sector público y el sector privado.

En las democracias capitalistas el desarrollo económico e institucional se fundamenta en el protagonismo de la iniciativa privada mediante la viabilización del “libre mercado”. Eso fue lo que se intentó hacer luego de la desaparición de la Dictadura, pero que se fue distorsionando con el tiempo y con los cambios en el contexto internacional, hasta llegar al esquema en que se fundieron y confundieron el rol de políticos y el rol de empresarios, tal como fue el modelo aplicado en la Era del PLD.

Esa confusión de los roles hizo que los empresarios quisie­ran ser políticos y los políticos quisieran ser empresarios aprovechando el Estado. Consecuencias de esa simbiosis fue la proliferación de los conflictos de intereses y del tráfico de influencias, así como de la co­rrupción y la impunidad por efecto del control de todos los poderes del Estado de parte de políticos y empresarios asociados.

El cambio, entonces, significa volver a diferenciar y separar el rol de empresario y de político, para que el primero se encargue de la economía y los negocios, y los segundos se encarguen del Estado y las funciones públicas. 

Para lograr esa nueva funcionalidad político-empresarial hay que prohibir y penalizar el tráfico de influencias y el conflicto de intereses, para que los negocios por su lado y el Estado por el otro, prosperen sin co­rrupción y sin impunidad. Para ello deben operar con efectividad la Comisión de Ética y una Justicia y un Ministerio Público indepen­dientes, tal como se pre­gona. 

¡Ese sería el cambio que los nuevos tiempos  prefiguran!  


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