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Reynaldo Peguero

Reynaldo Peguero


Brevísima historia social del “Barrilito”


  • 21.10.2020 - 12:00 am

Antes que el “pecado mortal del Barrilito” dominara el mundo de la opinión pública. Previo que las narrativas críticas de movimientos alternativos incineraran esa figura medieval, había una infame vergüenza pública peor. Senadores y diputados manejaban a discreción millonarios recursos públicos de miles de organizaciones “no gubernamentales” (ONG). Presuntas clínicas populares, fundaciones y centros sociales de ayuda a la mujer y la niñez, se extendían orondos en toda la geografía nacional.  

Fue un período de más de 25 años que transcurrió de 1978 al 2005. La apertura democrática de 1978 fue mal utilizada para que la sociedad política impusiera su poder sobre la sociedad civil.  Fue la ley 122-05 y sus reglamentos que puso todo en orden. Prohibió reconocer y registrar ONG donde senadores, diputados o funcionarios públicos asumieran jefatura. También excluyó aquellas donde familias, esposos, hermanos, hijos y sobrinos ocuparan funciones. Otros adefesios fueron excluidos en aquellas asociaciones de entidades donde una de ellas se distribuía varios cargos directivos.    

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) o asociaciones sin fines de lucro (ASFL) son un espacio históricamente concebido para que la sociedad civil participe en el Estado al criterio más modernista del filósofo Antonio Gramsci. Esferas donde la democracia social y la participación civil abren sus alas para contribuir de forma sostenible al desarrollo. Para muchos estudiosos, Gramsci al asumir la problemática generada por las democracias “capitalismo maduro”, enriqueció el dispositivo conceptual de la ciencia política, abriendo el Estado a la sociedad organizada en entidades propias.

El carácter institucional del “Barrilito” se establece en 2006 por el Senado con la creación del fondo de gestión provincial senatorial. O sea,  al siguiente año de la aprobación de la ley de ONG (2005), aparece el “fondo especial” para asistencia, denominado popularmente como “barrilito”. Pocos políticos y analistas han dejado de condenarlo como medio del clientelismo político seductor de voluntades. 

Impúdico, indecente y obsceno no es el fondo en sí mismo, sino su utilización para labores asistencialistas, especialmente por quien no tiene esa competencia. El análisis del “Barrilito” debiera cotejarse a las potencialidades del sistema de la seguridad social (SDSS) y el sistema único de beneficiarios (SIUBEN). Sin embargo, existe un desfase del actual modelo económico y la creación de empresas y empleos formales, que son la esencia de la buena gestión pública. Que todos vivan de su trabajo y no de la caridad pública. 

Los avances del SDSS y el SIUBEN deben acelerar la eliminación la utilización de este fondo para asistencias. Se impone utilizarlo para competencias sustantivas. Para legislar, representar, fiscalizar y controlar, los diputados y senadores requieren financiamiento concreto. Para construir las capacidades de legisladores en una verdadera Agenda Legislativa, en la revisión participativa del presupuesto de cada año y la promoción de proyectos.   

El presupuesto previsto para el Congreso el año 2021 será de $7,819 millones de pesos. La Cámara de Diputados ejercerá $5,183,326,712.00, y el Senado por su parte $2,635,779,124.00. En los hechos, en el mes de septiembre de 2020, el monto asignado por el presupuesto del senado para “el Barrilito” fue de $20,062,000, lo que anualmente presupone un gasto de $240,744,000.00. Este fondo especial puede variar entre 9-12% anual para diputados y senadores. 

Mientras las criticas mas férreas y análisis de gasto se concentran en el “Barrilito”, llama la atención que nadie dice nada sobre el monto restante del presupuesto ejercido por el Congreso Nacional que comprende entre el 88% al 91% de sus ingresos totales, los cuales ejercen discrecionalmente los presidentes y sus bufetes directivos, pues el resto de los legisladores no intervienen en el diseño, implementación y seguimiento de un plan operativo de egresos.

La Ley 46-97 impone autonomía presupuestaria del Congreso y del Poder Judicial. Los organismos autónomos puede ser auditado por la Cámara de Cuentas. Ese el centro de las decisiones, cualquier medida con respecto al “Barrilito” debe hurgar la llamada autonomía presupuestaria de los legisladores, imponiéndoles reglamentos de gestión. Determinando las formas de organización de las oficinas senatoriales y dotando a los diputados de departamentos legislativos. El Santiago-Barómetro de gobernabilidad 2030 indica que pocos electores conocen lo que hacen sus representantes populares.   

Entonces, el debate no se debería centrar en el barrilito en sí mismo, sino mas bien en la forma en como las ambas cámaras distribuirán los $7,819 mil millones de pesos que el presupuesto nacional les asignará para le próximo año 2021. 

El meollo del asunto es la organización de las oficinas senatoriales y la transparencia general del gasto. Se impone una estructura transparente para superar dádivas, asistencias y donaciones. Es necesario un abordaje para formular y organizar la gestión de las iniciativas senatoriales y de los diputados, sobre todo las labores de legislación, representación, fiscalización y control. Resulta prácticamente imposible conseguir evidencias de cómo se organizan las oficinas senatoriales. 

Ese, y no el barrilito, es el desafío del Congreso. Que el Senado modifique la Ley 46-97; apruebe un reglamento para que la autonomía presupuestaria y administrativa del Congreso; oriente el gasto hacia proyectos legislativos; transite de la asistencia a la gestión social y que pase del fomento de clientes a la promoción de proyectos de creación de empresas y empleos. 

Los anatemas sobre el “Barrilito” serán superados. Que transparentice el uso de recursos públicos, especialmente en el cómo diferentes bufetes directivos gastan recursos que se le asignan y que cada territorio cuente con espacios donde contactar legisladores para organizar una agenda legislativa concreta. 


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