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Redacción

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Avances de la institucionalidad


  • 04.02.2021 - 12:00 am

Uno de los ejes que conforman la agenda del “cambio” se refiere al fortalecimiento y consolidación de la institucionalidad, sobre la base de conformar los diversos órdenes jurisdiccionales con personas capaces, de trayectoria honesta y de reconocida independencia partidaria.

Esa estrategia se inició con la renovación del Ministerio Público encabezado por la Magistrada Miriam Germán en la Procuraduría de la República, quien junto a Yeni Berenice Reinoso y al Ma­gistrado Wilson Camacho, dispuso una serie de iniciativas de combate a la corrupción y a los crímenes de Estado li­gados a ese flagelo que ha contaminado el aparato estatal.

Así se profundizaron las indagaciones sobre el caso de la Odebrecht, haciendo comparecer testigos brasileños y nacionales; las investigaciones que culminaron con la identificación y presentación del caso  “anti pulpo”;  y más recientemente la actualización del  caso de la OMSA.

Respecto a este último caso la Procuraduría, luego de desplegar las gestiones con las autoridades judiciales de los EE.UU, pudo extraditar al señor Argenis Contreras, principal acusado del asesinato del abogado y académico Yuniol  Ramírez, caso asociado a las denuncias sobre la co­rrupción en la OMSA.

Todas esas iniciativas marcan el “cambio” de rumbo que está experimentando la institucionalidad especializada en la persecución de la delincuencia y la criminalidad, como parte del fortalecimiento de la institucionalidad democrática de cara al objetivo de devolverle a la nación un clima de mayor seguridad y mora­lidad ciudadana.

En todo caso hay que entender que se trata de un proceso tortuoso por las raíces que ha echado la delincuencia política y criminal en toda la sociedad, las cuales han pe­netrado en buena parte del aparato estatal, hoy día todavía contaminado con la corrupción y la delincuencia. Esa malsana influencia presente en la psicología colectiva, fomenta un clima de incertidumbre, pese a los esfuerzos del Go­bierno por corregir las malas prácticas en la Administración Pública y en particular por la actitud sana y moralizante que proyecta el Presidente Abinader.

La ciudadanía debe mantenerse vigilante y en disposición de apoyar esos esfuerzos del Gobierno, para que la nación se enrumbe hacia un estadio de mayor eficiencia y moralidad en el ejercicio de la acción de gobierno, de modo que la nación pueda alcanzar un real y verdadero desarrollo sustentable, que se traduzca en bienestar para toda la población. 

En ese proceso le toca a la institucionalidad de la Justicia, por intermedio de los ma­gistrados independientes, asumir sus funciones con responsabilidad y seriedad, fundamentando en buen derecho sus decisiones y fallos. Esa es la institucionalidad que queremos.

¡Qué prosigan, pues, los procesos contra el crimen y la corrupción!  


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