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Leonel pondera decisiones del TC

Leonel Fernández


  • Redacción | 02-09-2019

Santo Domingo.-Las acciones interpuestas a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos políticos ante el Tribunal Constitucional demuestran, de manera inequívoca, lo atinado que fue el Constituyente al crear, en la reforma constitucional del 2010, esa Alta Corte.
    
La aseveración es del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, hecha en su columna Observatorio Global, publicada este lunes en el Listín Diario y Vanguardia del Pueblo Digital, despachada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
    
Leonel Fernández refirió que a tan solo un año de promulgarse la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, el 13 de agosto de 2018, ha sido impugnada por medio de diez  recursos de acción directa en inconstitucionalidad.
    
“En la historia de la República Dominicana, desde la instauración del control concentrado de constitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, resulta difícil encontrar una norma, con apenas un año de haber sido promulgada, que haya sido objeto de tantos recursos directos de inconstitucionalidad, y que haya recibido tantas sentencias confirmando esa inconstitucionalidad”, expuso Fernández.
    
El expresidente de la República dijo que las 10 disposiciones de la Ley 33-18 declaradas nulas por el TC se refieren a temas vinculados con la protección de derechos fundamentales, como son los relativos a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, el derecho de asociación y a la democracia interna de los partidos políticos.
    
Subrayó que el texto aprobado de la ley de partidos sobre estos tópicos resultaba preocupante, señalando que en primer término, establecía prohibiciones con respecto a la transmisión de mensajes publicitarios transmitidos a través de la radio y la televisión.
    
Dijo que en iguales términos consignaba limitaciones durante el período de la precampaña electoral con respecto a la participación de los candidatos y sus voceros; el lugar de celebración de reuniones; la producción y uso de materiales de propaganda; la divulgación de mensajes; y la fijación de horarios para el envío de mensajes a través de llamadas telefónicas.


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