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Heliana Medina

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Heliana Medina | helianamedina@lainformacion.com.do

Manejo inadecuado de desechos sólidos podría incrementar contagios del Covid-19


  • Heliana Medina | 19-05-2020

La generación de residuos sólidos sigue siendo uno de los grandes problemas de la República Dominicana y el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que la degradación ambiental es responsable del 23% de todas las muertes a nivel mundial. Sólo la contaminación del aire mata alrededor de siete millones de personas cada año.

Conforme a la Comisión Nacional de Energía (CNE), en el país se generan más de 4.0 millones de toneladas de residuos por día, de la cual el 90% se vierte o quema a cielo abierto en los más de 300 botaderos informales que existen a nivel nacional, constituyendo un riesgo medioambiental y social, que atenta contra la salud de la población, contaminando las aguas y afectando el desarrollo económico

Sin embargo, de ser un problema ambiental y para la salud humana, también es una gran oportunidad para hacer negocios. Un nicho que desaprovecha el Estado Dominicano al no contar con una normativa sobre el manejo integral de los residuos.

Según Izarelly Rosillo Pantoja, doctora en Derecho Ambiental y asesora en la materia para el Banco Mundial, se estima que 20 millones de personas en el mundo dependen directamente del reciclaje para su sustento. Son los recicladores informales y/o recuperadores de base el primer eslabón de la cadena de valor en el manejo integral de los residuos; sin embargo, en un esquema de evolución e industrialización del reciclaje son los primeros desplazados. La dimensión normativa, organizativa y de mercado, hacen evidente su exclusión para lograr un reciclaje inclusivo. 

Asimismo refirió que, un manejo inadecuado de los desechos en tiempos de COVID-19 podría incrementar los contagios tal como se ha demostrado en otras experiencias, como en el caso de la enfermedad por el virus del Ébola (EVE). En este contexto, la vulnerabilidad de los recicladores y la ausencia de políticas específicas para su protección y cuidado, sitúan a todos los países omisos como responsables de la violación de sus derechos ante el riesgo de contagio.

“Las líneas discursivas de la pandemia que hoy estamos enfrentando están centradas en el derecho a la salud, la vida y la productividad y, sin dejar de reconocer que todo ello sea importante, se nos ha olvidado que la causa de este fenómeno mundial ha sido el quebrantamiento a la sana convivencia con el ambiente, lo cual impacta a toda la humanidad, especialmente a los más vulnerables: los ciudadanos en situación de pobreza. Por lo anterior, en el diseño de los planes postcovid, es irrenunciable reconocer la necesidad de alcanzar la justicia ambiental y conservar la progresividad de los derechos humanos. Es necesario pensar y diseñar un modelo económico que considere en la toma de decisiones impulsar la ética para la sostenibilidad contemporánea” expresó Rosillo Pantoja.

La experta propone cambiar al modelo de “economía circular comunitaria”, una herramienta que permite planear el desarrollo adecuando los sistemas productivos sin limitar los derechos humanos; se trata de una nueva visión que permite cerrar el ciclo de vida de los productos, servicios, materiales, energía, recursos naturales y los residuos para mejorar la calidad de vida en su conjunto y con igualdad, bajo una gestión autónoma, transparente, decorativa y participativa. 


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