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CONEP apoya informe sobre títulos terrenos en el Seibo


Asociación de Hacendados estima correcta conclusión de comisión sobre terrenos


  • Redacción | 13-01-2020

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) expresó su apoyo al informe presentado por la comisión interinstitucional designada por el Gobierno dominicano ante el conflicto entorno a la titularidad de terrenos en el Seibo, “cuyo resultado evidencia la defensa a la propiedad privada y la seguridad jurídica”.

El gremio empresarial reconoció las acciones llevadas a cabo por dicha comisión, que se agotaron los procesos correspondientes y de manera transparente.

“Con esto se establece de manera institucional los titulares y los límites del inmueble, lo que aclara la situación ante las denuncias de distintas organizaciones y grupos comunitarios de la provincia que reclamaban las tierras amparados en el Decreto 485 del año 1975 presumiendo que eran de utilidad pública”, cita el Conep a través de un comunicado.

Explica que el Conep, como principal asociación empresarial del país, promueve como parte de sus principios, la seguridad jurídica y el estado de derecho, por lo cual apoya toda acción tendente a garantizar su defensa y ejercicio.

“Esta es una muestra de responsabilidad y justicia que debe replicarse en cualquier otro proceso similar sin importar quienes sean los implicados”, señaló César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Conep.

Dargam insistió que el sector privado reafirma su compromiso de trabajar con el Estado y la sociedad para lograr un orden social, en el que se respeten los derechos fundamentales y la libertad de empresa, siempre en apego al cumplimiento de las leyes y la búsqueda de justicia.

Asociación de Hacendados estima correcta conclusión de comisión sobre terrenos

La Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA) consideró como correcta la conclusión a que llegó la comisión interinstitucional que investigó el conflicto de unos terrenos de El Seibo reclamados por agricultores y grupos comunitarios de esa provincia.

El presidente de la ADHA, Julio de Beras, junto a otros dirigentes de esa entidad, declaró en rueda de prensa que esa organización “felicita al Gobierno Dominicano y a los integrantes de la Comisión Interinstitucional designada para recibir las denuncias, por el ingente esfuerzo realizado con el objeto de transparentar la situación”.

De Beras fue acompañado por Campo de Moya, Eduardo Galaví, Miguel Eneas Saviñón y Marcelino Vargas, también dirigentes de la ADHA.

 Recordó que son de Pedro Zorrila las parcelas cuyo derecho de  propiedad  reclaman organizaciones y grupos de El Seibo realizar actividades agrícolas, en virtud del decreto 486 de 1975, que declara las parcelas de utilidad pública.

Expresó que el informe  de  la comisión establece de forma clara y precisa la ubicación y delimitación de los inmuebles que son reclamados y los titulares del derecho de propiedad conforme a los registros vigentes.

Indicó que las comprobaciones realizadas establecen que los predios que son reclamados no se corresponden con los derechos que fueron declarados de utilidad pública mediante el decreto 486 del año 1975 y que el Estado Dominicano no figura como titular de los mismos, pues se trata de propiedad privada. 

Agregó que en ese sentido, las reclamaciones fomentadas por los referidos grupos carecen de sustento y fundamento.

De Beras recordó que “el Estado Dominicano, es garante y protector de la propiedad privada, en tal sentido la asistencia a los integrantes de las agrupaciones que reclaman tierras debe realizarse respetando el derecho de propiedad privada, en virtud de las previsiones del Art. 51 de la Constitución de la República que protege y garantiza el derecho de propiedad privada y su carácter de derecho fundamental, siendo el Estado, garante y defensor de este derecho, valor supremo para la preservación del estado de derecho y la paz pública”.

El presidente de la ADHA dijo que esa entidad “ha tenido como estandarte procurar la protección efectiva del derecho de propiedad de los productores nacionales, con el propósito de fomentar la inversión privada, la tecnificación y el desarrollo de las actividades productivas de cara al desarrollo social del país. 

Indicó que “por ese motivo, exhortamos a las partes involucradas en el proceso a mantener el orden y fomentar la libre convivencia y la paz social, valores supremos de una comunidad civilizada”.


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