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COVID-19 pone a prueba eficiencia y capacidad empleados


  • Félix Parra | 05-08-2020

Además de secuela de fallecidos, la pandemia del COVID-19, pone a prueba la eficiencia y capacidad de los trabajadores y empleados, para continuar laborando en medio de los despidos de personal que realizan esas dependencias.

Como consecuencia de la parálisis económica que ha provocado esta enfermedad que aún se desconoce cuándo terminará, muchas de las empresas, además del cierre de sus operaciones, reabrieron, con una reducción de su personal.

No obstante en la medida en que se prolonga la situación sanitaria, parte de las empresas que tenían personal suspendido, ahora están procediendo a cancelarlo, para continuar operando con el personal que mantienen laborando.

En esa reducción de personal, motivada por la racionalización del gasto, se pone de manifiesto la capacidad de la mano de obra o profesional y la eficiencia en el desenvolvimiento de sus funciones, para dejar o no en su puesto de trabajo.

Sin duda que las empresas realizan una selección de sus recursos humanos, tomando en cuenta la capacidad, eficiencia y entrega al trabajo, quienes entonces serán mantenido en el trabajo.

En la República Dominicana, el Covid-19 ha dado otro golpe al empleo, por lo que las autoridades deberán activar un plan para evitar que el empleo siga cayendo como consecuencia de la crisis económica producida por la pandemia.

Los sectores más afectados son: zona franca, bares, hoteles y restaurantes, a los que se vinculan alrededor de 450,000 trabajadores, de los cuales cerca del 90% habían sido suspendidos o cancelados de sus funciones hasta mediados de abril, estima la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS).

Por lo tanto, Rafael Abreu, presidente del organismo, propone que el gobierno disponga lo antes posible la reactivación paulatina de varios de los negocios que cerraron desde marzo, cuando se detectó el primer caso de Covid-19 en el país y que aún sus operaciones, no han sido reapertura da.

El número de empleados del país asciende a 4.7 millones, de los que 2.4 corresponden al sector informal y 2.3 laboran con un contrato formal, de acuerdo con los registros del Banco Central de República Dominicana.

Abreu puntualiza que el sistema de seguridad social podría sufrir graves consecuencias si continúan perdiéndose empleos formales, porque su presupuesto depende básicamente de los aportes que realizan esos trabajadores.

“Cuando las empresas aleguen que no pueden restaurar sus funciones va a venir un fenómeno de rotura de contratos, desahucios [terminación de contratos], despidos y entonces ya el número de desempleados puede aumentar, no sólo por suspensión. No hay condiciones para mantener a la gente encerrada uno o dos meses más; eso es insoportable, la verdad es que no se podrá mantener ese estado”, afirma.

El gobierno, consciente de la difícil situación en que se encuentran muchas empresas en estos momentos, creó a principios de abril el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), para apoyar con una transferencia monetaria de hasta 158 dólares (8,500 pesos dominicanos) a cada trabajador formal del sector privado que ha sido suspendido de sus funciones. Alrededor de 700,000 personas ya habían recibido este beneficio a mediados de abril.

“Se prevé que podría llegar al millón de suspendidos porque prácticamente todos los sectores de producción están detenidos”, indica Winston Santos, ministro de Trabajo.


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