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Editorial

Anomia en el Estado

ACTUALIZADO 10.05.2017 - 8:55 pm

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La prensa nacional se hizo eco de un debate revelador del estado de anomia que caracteriza el funcionamiento de los órganos del Estado. Este debate se manifestó entre el Vicepresidente de la FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán y la Cámara de Cuentas, cuyo Presidente Hugo Álvarez Pérez había declarado que dentro del marco legal, ese organismo no tiene capacidad para realizar la auditoría forense que le solicitara la Procuraduría sobre las sobrevaluaciones en las obras ejecutadas por la Odebrecht, “porque se trata de una auditoría muy especializada”.
   
Frente a esa posición de la Cámara de Cuentas, la FINJUS sostiene que la Ley orgánica de la Cámara la faculta en los artículos correspondientes a la realización de las auditorías forenses que le solicitara la Procuraduría a las 17 obras ejecutadas por la Odebrecht. Castaños Guzmán también estableció que el Tribunal Constitucional en su sentencia del 1 del 2015, determinó que “son las auditorías de la Cámara de Cuentas las que tienen valor jurídico”.
   
De acuerdo a esas posiciones encontradas sobre el alcance y facultades de la Cámara de Cuentas, la solicitud de la Procuraduría  habrá de caer en el vacío, ya que el organismo legalmente competente se declara no facultado e incapacitado para realizar la auditoría forense que se le solicitara. Es una situación lamentable y que revela la pobreza institucional que se expande en el Estado y la sociedad dominicana, situación que bien se describe en el concepto sociológico del “estado de anomia”, donde los actores y agentes sociales no saben cómo orientar la conducta, aunque en este caso existe un marco legal, como lo considera la FINJUS que claramente señala cómo debe responder la Cámara de Cuentas.
  
La pregunta que debemos formularnos es ¿Por qué se da ese vacío institucional, ese estado de anomia, que hace que los incumbentes de las funciones públicas abandonen sus responsabilidades oficiales claramente definidas en el marco legal que ampara sus actuaciones? La respuesta la podemos encontrar en dos hechos: primero, en la perversión más impactante que se ha dado en las sociedades pos modernas regidas por la economía neoliberal, consistente en la conversión de la política como negocio, de modo que el funcionario respondiendo a esa confusión de la política como negocio, pierde el sentido de la función pública, para asumir como criterio determinante de su desempeño la prioridad de los negocios promovidos por los intereses económicos y/o partidarios particulares; segundo, y siguiendo ese criterio predominante, los órganos públicos se han llenado de incumbentes comprometidos con los partidos que responden a los sectores que conforman la nueva clase gobernante, de modo que  sus acciones respondan a los intereses de esas fuerzas partidarias, pasándole por encima a cualquier otro criterio como los que se derivarían del marco jurídico de la nación.
   
En consecuencia, la función pública se ha politizado y privatizado, haciéndola anómica e incapaz de combatir la impunidad y la corrupción, al tiempo de empobrecer y debilitar la institucionalidad democrática de la nación.

¡Se justifica, pues, la movilización por la institucionalidad democrática perdida!    


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