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Editorial

Justicia aparente

ACTUALIZADO 20.04.2017 - 11:27 pm

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Los órganos que componen el aparato que administra la Justicia, vienen tomando decisiones que ponen de relieve su compromiso y obediencia a una voluntad política mayor, que es la que está determinando su accionar. El profesor Bosch decía con frecuencia que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven y estas últimas suelen ser las más importantes.
   
En efecto, en estos días el Tribunal Superior Electoral (TSE) produjo dos fallos, uno para anular la autoridad interna del PRSC y el otro para quitarle el número que le había asignado la nueva JCE, asignándoselo al PRD. Esos dos fallos casi simultáneos, independientemente de los pretextos jurídicos, encierran una  clara intención de recrear las condiciones que o dividan nuevamente ese partido o lo anulen como entidad opositora. La división de la oposición es una condición requisito funcional para que el partido gobernante pueda asegurar el éxito que ha logrado al mantenerse en el poder por tanto tiempo.
   
Y para que esa “voluntad de poder” se materializara de forma exitosa, que es lo que no se ve, el partido gobernante, aprovechando la reforma constitucional del 2010, procedió a politizar los órganos de la Justicia y de las Altas Cortes, para a través de ese control no solamente “blindarse” frente a sus contrarios y frente a la ciudadanía, sino para estar en las mejores condiciones para dividir a la oposición y manipular los procesos electorales y a los electores, a modo de asegurar los triunfos electorales consecutivos que le han permitido la continuidad en el ejercicio del poder, al tiempo de monopolizar los poderes como partido hegemónico y dominante.
   
Ejerciendo ese poder monopólico y hegemónico la “voluntad de poder” también maniobró en el caso que se ventila de la Odebrecht, para finalmente crear las condiciones para que un juez decidiera a favor de la empresa brasileña, la cual se libera de sanciones penales y se protege para seguir, con toda “seriedad y capacidad técnica”, la construcción del proyecto de la Planta de Punta Catalina y de esa manera cerrar el caso sin las otras consecuencias que el mismo implica. De esa forma, independientemente de las categorías jurídicas que se utilicen para justificar el acuerdo entre la Procuraduría y la empresa brasileña, la que confesara la comisión de ilícitos económicos, el fallo expresa la intención del poder de proteger la empresa y  de salir de ese pesado expediente, cuyo tratamiento en el país no solo pone en evidencia el estado de impunidad y corrupción, sino también hasta dónde ha sido capaz de llegar la “voluntad de poder”, cuando esta se coloca por encima de todos los poderes y de toda institucionalidad democrática legal y legitima.
   
Esa “voluntad de poder” monopólica es lo que está detrás de los órganos del Estado, los cuales, entonces, no responden a la institucionalidad de la Ley, sino a los intereses de esa “voluntad” de poder dominante que pasa aplastar toda expresión disidente, aplicándole todo el peso del gran poder fáctico construido y establecido.

¡Y eso es lo que debe verse y entenderse!


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