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Editorial

Reforma o autoritarismo

ACTUALIZADO 14.03.2017 - 5:59 pm

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El país parece agonizar acogotado por la ola de violencia criminal, que mantiene tensa e insegura a la ciudadanía, y por la cadena de hechos de corrupción que deprimen el alma nacional. El país parece presa por la inacción de las autoridades, las cuales dejan indefensa a la población frente a los criminales y los corruptos que imponen su ley, pisoteando el ordenamiento institucional basado en la Ley y en las buenas costumbres.   
La prensa como expresión de la opinión pública ciudadana, recoge a diario los hechos degenerados y depravados que definen el estado de descomposición conductual que abarca a todas las clases sociales, incluyendo a la clase política, la que por el momento se ve más interesada en acumular riqueza a través del asalto de los recursos públicos, y motivada a nivel de sus líderes y dirigentes solo por alcanzar o mantener su nivel de popularidad como fuente de sustentación del poder. En ese afán esa clase política tiende a refugiarse en prácticas tradicionales de carácter fáctico y autoritario, necesariamente antidemocráticas, que se derivan del modelo de la “dominación personal”, esquema que a su vez se orienta por el patrón cultural del “Estado patrimonial”. Según este patrón  quien alcanza el poder político se percibe como el dueño del patrimonio nacional, disponiendo del mismo para repartirlo entre sus allegados a cambio de apoyo y lealtad.
   
Por esa vía se acentúan las prácticas autoritarias, cuyo fortalecimiento pone en peligro cada vez más la débil institucionalidad democrática, la cual tiende a sucumbir frente a la mitificación del poder de quien funge como líder de la “dominación personal”. Ideas democráticas como la interpelación del Presidente o del juicio político, aunque están establecidas en el formato democrático de la Constitución, son consideradas “blasfemias irreverentes” frente al poder mítico del “jefe”.
   
Frente a esas tendencias que recrean la  vieja mentalidad autoritaria, en el país se expresan otras orientaciones que favorecen la idea original democrática de que el poder reside en el pueblo soberano, depositario del poder, y  que lo delega en sus representantes a través del ordenamiento legal de la democracia. Por eso la Ley, en vez del Jefe, se convierte en la base de sustentación del poder y de la autoridad, y por eso en democracia se mitifica la Ley como la herramienta mediante la cual se legitima la conducta política. En ese contexto no puede caber la idea del “dominio personal”, sino el respeto y cumplimiento de la Ley. La violación a la Ley se convierte en un acto vergonzoso que deslegitima y desmoraliza al violador.  
   
Esas tendencias a favor de la Ley y la democracia es lo  que trata de establecer y legitimar el “movimiento verde” contra la impunidad y la corrupción, para que imperen la Ley, la justicia y la  institucionalidad democrática. En ese orden también se manifestó el Presidente de la JCE, cuando favorece que se sancione penal y administrativamente a los partidos que no rinden cuentas, al tiempo de urgir por la aprobación de un nuevo régimen electoral que fortalezca el ejercicio de la democracia.  

¡La disyuntiva es: democracia o autoritarismo!      



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