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Editorial

Partidos políticos y finanza

ACTUALIZADO 12.03.2017 - 6:07 pm

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Desde hace casi 20 años, dirigentes de los partidos políticos tradicionales en República Dominicana, han bloqueado la aprobación de leyes y otras normas que permitan fiscalizar sus ingresos y sus gastos, situación que crea suspicacia.
   
Quienes están al mando de las agrupaciones partidarias se han convertido en obstáculos que impiden identificar las fuentes que financian campañas electorales y otros procesos políticos, es decir, se oponen a la transparencia.

Tampoco ofrecen informaciones sobre los gastos, a pesar de que es un deber establecido legalmente, sin que las autoridades competentes apliquen sanciones contra los responsables de las irregularidades.
   
Peor aún, después de las elecciones de los años 2012 y 2016, esto es deplorable, miembros de la Junta Central Electoral denunciaron que las entidades no presentaron un informe financiero, e incluso se acusó a varias organizaciones de erogaciones millonarias sin demostrar  las facturas de soportes de las operaciones.
   
Esa falta de pulcritud se expresa cuando los partidos llegan al poder, porque se trata de una especie de “vicio de engaño”, porque se ocultan muchos actos que denotan corrupción.
  
 Tienen responsabilidades en esta malsana práctica las direcciones de los partidos Reformista Social Cristiano,  Revolucionario Dominicano y de la Liberación Dominicana, porque los tres han contralado el poder y nada hicieron por la aprobación de las leyes de partidos y electoral, respectivamente. También el PRM, porque la mayoría de sus dirigentes formaron parte de las instancias del Estado durante su etapa de perredeístas.
   
Nadie sabe la procedencia de las partidas millonarias que reciben los partidos políticos ni cómo se gastan esos fondos, porque las finanzas se manejan con hermetismo y como “secreto de Estado.”
   
Es “vox populi” de que se destinan millones de pesos en el clientelismo, la comercialización de dirigentes y miembros de agrupaciones, compra de cédulas y en programas de asistencia social, pero no hay evidencia  porque se trata de acciones que no dejan huellas para los fines legales.
   
Por todo esto tiene mucha razón el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, cuando reveló que la carencia de controles efectivos en el dinero que manejan los partidos políticos es preocupante. Es pertinente, entonces, regular el financiamiento público y privado de las organizaciones políticas.
   
La situación es alarmante, porque se ha insinuado que narcotraficantes y mafiosos de otras actividades ilícitas aportan muchos recursos en busca de protección en los estamentos estatales.
   
Es por esto que en nuestra nación no puede hablarse de democracia, porque la institucionalidad es una quimera y un grueso significativo de la dirección política auspicia el desorden para obtener “pingües” beneficios a expensa de la desgracia del pueblo.
   
¿Cómo enfrentar la problemática? Es indispensable guiarse con transparencia, principios éticos, valores morales, la verdad y la razón porque solo así será posible diafanizar las finanzas de los partidos y de ese modo  recobrar la confianza en el pueblo.
    
Vista esa realidad y es lo que se deduce, la corrupción en la administración pública tiene su origen en las acciones dolosas que se realizan en las estructuras partidarias. ¿Sí o no?


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