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Editorial

Poder y seguridad

ACTUALIZADO 09.03.2017 - 10:02 pm

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El partido de gobierno ha logrado constituirse en un poderoso monopolio del poder político en el país, aprovechando su paso por el gobierno, tanto desde el punto de vista de lograr, a través de su cúpula dirigencial y de relacionados, establecer una sólida base de sustentación económica que lo ha hecho autónomo respecto al poder económico tradicional, al tiempo de llegar a controlar todos los poderes del Estado, aprovechándolos para dividir y disminuir las potencialidades de la oposición partidaria.
   
Ese gran poder establecido, sin embargo, no ha tenido la misma eficacia para enfrentar y resolver los grandes problemas nacionales, aunque en cambio si ha logrado inmovilizar a la población cada vez más atomizada, masificada y anónima, aplicando para ello políticas sociales de corte  asistencialista que han incorporado a miles y miles de beneficiados, así como a cientos y cientos de “botellas” de todos los niveles  usando los recursos del Estado para hipertrofiar la burocracia pública, creando cientos de miles de empleos artificiales sin ningún sentido de producción.
   
La ineficacia de ese modelo de gobernabilidad, no obstante, a través del endeudamiento y la entrada de otros recursos informales de origen indeterminado que entran al flujo de la economía, ha podido mantener una elevada tasa de crecimiento que lo justifica y legitima mediante la ideología de la “modernidad y el progreso”, pese a que como se ha establecido en los informes de las agencia multilaterales, el modelo económico dominicano es un ejemplo de una economía que crece sin bienestar para la población, favoreciendo solo a una oligarquía nueva y vieja como principales beneficiarios. La ineficacia del modelo corre pareja con los problemas de: la inseguridad ciudadana, efecto de la elevada delincuencia y la criminalidad que se desatan; el alto costo de la vida; la falta de oportunidades por efecto de un modelo que no crea empleos, al tiempo que reduce el salario real de la masa trabajadora; la corrupción y la impunidad que inmoralizan la mística del sistema, a la vez que descomponen el ordenamiento normativo, creando un estado anónimo y anómico, que fomenta la conducta ilegal y violenta que retroalimentan la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Es un estado que la gente identifica con “la enfermedad social”, que se define con la máxima de que “to’ e’ to’ y na’ e’ na’”.
   
En ese contexto que describe la dramática situación que vive el país, atacar un problema como lo es la inseguridad ciudadana, tiene que partir de una estrategia que parta de una comprensión más integral y holística, de la cual, entonces, se derive un plan general de seguridad ciudadana aplicado a nivel nacional, dentro del cual el aumento salarial en la Policía Nacional, ha de ser solo una política compensatoria para los miembros de esa organización del orden público. Pero el plan debe definir los demás componentes del mismo, los que aún no se definen, porque de no hacerse se corre el riesgo inevitable y seguro del fracaso del plan de seguridad.

¡Qué se termine de definir el plan de seguridad!



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