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Editorial

Justicia, democracia y sociedad

ACTUALIZADO 08.01.2017 - 5:32 pm

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La garantía de derechos y la aplicación de justicia para todos, en el contexto de la Constitución y las leyes adjetivas, es vital para consolidar la democracia política e institucionalidad de todos los estamentos de la sociedad, cuyo proceso debe basarse en principios éticos, valores morales e imparcialidad.
  
 En República Dominicana se adolece de un sistema judicial robusto, confiable y transparente, por eso el país anda mal, porque muchos jueces actúan al margen de la Carta Magna y de los preceptos jurídicos.
   
Vista la situación así, el pasado sábado se celebró en la República el “Día del Poder Judicial” en uno de sus peores momentos de credibilidad, ya que la mayoría de los sectores nacionales reprueban el comportamiento y la conducta de sus actores.
   
Durante el acto central de la conmemoración del “Día del Poder Judicial”, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán, estableció que en este 2017 se adoptarán programas para dinamizar, eficientizar y afianzar la judicatura dominicana.
   
La confiabilidad y la credibilidad de la justicia no se recuperan ni con decretos ni con anuncios oficiales, sino con el ejercicio serio, responsable y con una conducta paradigmática de los magistrados encargados de aplicar y administrar justicia.
   
Para que la justicia dominicana pueda ser creíble, esto es un gran desafío, se torna urgente erradicar la corrupción, la impunidad, la influencia del poder político, la protección a los delincuentes de “cuello blanco” y la discriminación en la evacuación de sentencias “amañadas”.
  
 Es preciso que quienes dirigen al Poder Judicial se autocritiquen y pidan perdón a los ciudadanos por sus actos “bochornosos”, a través de la comercialización de sentencias como si fuesen mercancías.
   
Es un reto borrar la imagen de descréditos derivada de la existencia de mafias de jueces que venden sentencias a grupos que dirigen el crimen organizado, como han denunciado magistrados suspendidos e investigados en torno a prácticas de “indelicadezas” que indignan a la sociedad.
  
 Se necesitan magistrados probos, responsables, imparciales e íntegros para que impartan justicia sin privilegios, es decir, capaces de sancionar con drasticidad a todos los ciudadanos que se aparten de la Constitución y de las leyes y que se manejen con el postulado de que todos son iguales ante la justicia.
   
La impopularidad de la judicatura dominicana, la cual se remonta a muchos años atrás, pero que se ha empeorado en esta época, no se supera con discursos retóricos, sino con la rectificación, sustitución de las debilidades por acciones justas, corrección de los errores y la modernización del sistema judicial.
   
En realidad, es lo que procede, la justicia debe ser transformada, puesto que las estructuras actuales son obsoletas y vulnerables por quienes controlan al narcotráfico, lavado de activos, sicariato, trata de personas y el crimen organizado en todas sus manifestaciones.
   
Cierto, el escenario del Poder Judicial es desmoralizador e indignante;  es pertinente, entonces, lanzar una cruzada por la reforma del mismo, que incluya la inyección de más recursos económicos, por la salud de la democracia y la salvación de la sociedad.


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