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Editorial

Poder y prioridades

ACTUALIZADO 03.01.2017 - 5:54 pm

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Los problemas reales de la población deberían ser la base para el establecimiento de las prioridades en la agenda de los gobiernos. Sin embargo, con frecuencia las prioridades de los gobiernos y de los políticos es alcanzar el poder y mantenerlo, para lo cual lo prioritario resulta ser la gobernabilidad, cuyo objetivo central es alcanzar la mayor aceptación y aprobación de la población sobre la gestión de Gobierno, y consecuentemente, la más elevada tasa de popularidad. Esos objetivos se logran, en esta fase del desarrollo político de la nación, mediante la fórmula del clientelismo patrimonialista, a través del cual los gobiernos y los políticos asumen como función central responder a su clientela con la repartición de canonjías y favores para asegurar su base de sustentación popular.   
   
De esa forma, lo principal que los gobernantes y los políticos toman en cuenta es si sus decisiones y orientaciones generan simpatía y aprobación en la población base de sustentación, y en un esquema clientelar eso que genera simpatía y popularidad, por lo general, no concuerda con lo importante, oportuno, eficiente y, peor aún, con lo lícito. Por eso muchas veces la maximización del poder o popularidad va en contra de la solución racional, efectiva y moral de los problemas reales y sentidos por la población. Por eso también a partir de esa lógica, se desatan las tendencias de la descomposición social y de la pérdida de los valores, con lo cual se pasa a promover todo tipo de conducta desviada violatoria de la Ley y del ordenamiento institucional. Esa es la realidad que vive el país en materia de su degradación progresiva, que está llevando a la nación a un estado de violencia, de criminalidad y delincuencia, de irresponsabilidad ciudadana y del funcionariado que apuntan al caos y la disolución social.
   
Esa misma lógica clientelar y populista es la que hace que un político experimentado como el expresidente Mejía, a pesar de que en su Gobierno se declararon de utilidad pública los terrenos de Valle Nuevo ocupados por particulares en contra de las normativas de las áreas protegidas y pese a que en su Gobierno se ordenara el pago correspondiente por esos terrenos, ahora se muestra simpático con los mismos ocupantes que no salieron de los esos terrenos a ser protegidos, agravando la situación de la devastación de la foresta en una zona llamada “madre de las aguas” donde nacen los principales ríos que integran la red hídrica de la República.
   
Frente a ese despropósito ambiental, el Ministro de Medio Ambiente reitera su decisión de hacer cumplir la Ley, en el caso de Valle Nuevo, en este año declarado por el Poder Ejecutivo como “Año del Desarrollo Agroforestal”. Esa actitud del ministro merece todo el apoyo de aquellos sectores que viven espantados con la devastación del medio ambiente y los recursos naturales, que se ha provocado en el país precisamente por esa mentalidad de los políticos modelada de acuerdo a la degradante lógica del clientelismo populista, asociada a la filosofía neoliberal que ha hecho de la política un negocio y del Estado una “piñata” a ser repartida.

¡En ese conflicto, apoyemos al Ministro!



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