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Rumbos torcidos de la Justicia

ACTUALIZADO 04.09.2019 - 7:08 pm

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Los fundamentos de la política nos hablan de categorías como la doctrina, que prefigura los modelos de intervención señalando lo que es importante; la ideología que interpretando la realidad señala los fines; la política en sentido restringido que selecciona los medios de acuerdo a las escalas de la licitud, la eficiencia, la factibilidad y la oportunidad.
    
Esos elementos de la práctica política se auxilian del conocimiento común o popular,  científico y ético-filosófico, para poder diagnosticar la realidad social y luego proponer las políticas públicas, los planes, programas y proyectos para tratar de resolver los problemas de la comunidad y transformar la sociedad, desde las posiciones que puedan alcanzar en los poderes públicos.    
   
Como se puede apreciar se trata de una actividad compleja, que requiere de una formación y destreza especializadas, que han de conectarse con la comunidad, mediante una comunicación que llegue a la población y frente a la cual los políticos deben, además, asumir los compromisos con los sectores que son sus causas.   
   
Esa concepción clásica de la política, sin embargo, con frecuencia es distorsionada por efectos de ciertos procesos que orientan su ejercicio en otras direcciones. Por ejemplo en nuestro caso, el fuerte proceso de movilidad social producido en los últimos 20 años, conjuntamente con la expansión de la democracia clientelar y electoral, han contribuido a que la política se haya llenado, a través de los partidos, de mucha gente sin la debida formación y preparación, y solo cargada de oportunismo y ambiciones que la impulsan a aprovechar las posiciones públicas para hacer negocios y escalar socialmente y así huir de la pobreza de la cual han salido.
   
Esos fenómenos sociales no solo explican las distorsiones de la política, sino también las serias ineficiencias que se observan en el Estado como impulsor del desarrollo y como ofertante de servicios públicos. La empleomanía muy numerosa como consecuencia del clientelismo y del caudillismo, no solo resulta ineficaz, sino que a la vez favorece la corrupción y la impunidad, flagelos reveladores de la pobre institucionalidad.
   
Por eso la sociedad dominicana tiene que presenciar, por ejemplo, la descomposición de la Justicia y del Ministerio Público, que facilitan la ocurrencia de  hechos y crímenes horrendos como los de Emily Peguero, y ahora el de Anibel González, entre otros muchos, que han dejado  al descubierto las serias debilidades de la Justicia y del Ministerio Público, instituciones que resultan incapaces de asegurar la paz social y la seguridad jurídica de los ciudadanos. Su politización y su motivación de responder a la necesidad de la movilidad social, las han inclinado a ponerse al servicio de la misma comunidad delictiva, con lo cual han agravado los problemas de la delincuencia y la criminalidad, expresiones de la inseguridad ciudadana.           

Esos horrendos crímenes no deben solo indignar la conciencia colectiva, deben motivar la movilización de la comunidad nacional, con el objetivo concreto de lograr una Justicia independiente, sacando los cuadros políticos de la Justicia, de modo que ésta se libere de la malsana influencia de unos políticos distorsionadores de la función del Estado y del buen ejercicio de la buena política.

¡Qué se materialice, pues, la aspiración de una Justicia independiente! 


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