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Editorial

Ante un horrendo crimen

ACTUALIZADO 02.09.2019 - 7:30 pm

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La criminalidad y la delincuencia constituyen males sociales que se han fortalecido con la transformación de la sociedad dominicana, transformación que ha hecho desmantelar los viejos y tradicionales procesos de control social del comportamiento individual, sin que se hayan sustituidos por nuevos mecanismos ajustados a las nuevas estructuras y tendencias conductuales.                   

Muy por el contrario, con la transformación social, los mecanismos del control social externo como el que deben aplicar las instituciones garantes del orden público y de la Justicia, han caído víctimas de la anomia que se ha apoderado de ellas, con lo cual han perdido su efectividad y el rumbo de su misión. Incluso esos mecanismos institucionales han sido penetrados por los estamentos que conforman la comunidad de delincuentes y criminales, los cuales mantienen en acoso permanente a la ciudadanía, la que se encuentra indefensa e insegura y al antojo de individuos sociópatas propensos a la conducta vilenta y criminal.
   
En esa situación caótica no es de extrañar la ocurrencia de crímenes que espantan a la comunidad nacional, entre los que resaltan los feminicidios, cada vez más frecuentes por efecto de ese estado anómico, generador de crisis y conflictos en las relaciones interpersonales de los actores sociales, al tiempo que las autoridades por la misma anomia han caído en una situación de inoperancia e inefectividad para el control social.
  
El horrendo crimen que tuviera como víctima a una joven madre abogada en San Pedro de Macorís, de manos de su exesposo, el cual también se suicidó luego de acometido el hecho, ha consternado a esa comunidad y al país. Y a la vez pone de manifiesto la terrible situación por la que pasa la sociedad dominicana en materia de criminalidad y de falta de una autoridad judicial en capacidad de asegurar la buena convivencia social, así como la debida protección de vidas y propiedades, lo que se traduce en una causa eficiente de la crisis que vive la familia dominicana, en estado de descomposición social y moral.    
   
El hecho, en consecuencia, evidencia el fenómeno de las debilidades institucionales que caracteriza a la vida nacional, cuyas instituciones no pueden asegurar el debido control social, de modo que los actores convivan con estabilidad y seguridad dentro del mundo familiar y más de ahí en el orden social en general. La familia se ha derrumbado en sus funciones tradicionales, por efecto de su descomposición e inestabilidad.
   
Lo peor de la situación es que las autoridades y la misma clase política manejadora del Estado y sus organismos, parecen no saber cómo abordar esa grave situación, para la cual no hay estrategia, ni planes ni proyectos, capaces y eficientes para “corregir lo que está mal” en la sociedad dominicana, a modo de recomponer el necesario control social.  
   
Lo más que se puede aspirar frente a ese crimen horrendo es a que las autoridades que conforman el aparato de la Justicia y del Ministerio Público, realicen las investigaciones de lugar, para determinar las culpabilidades que se les puedan atribuir a las autoridades intervinientes, quienes con sus inconductas facilitaron la ocurrencia de ese crimen espantoso de  violencia intrafamiliar.

¡Qué se sancionen a los culpables, pero más que eso reflexionemos!



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