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Editorial

Práctica maquiavélica

ACTUALIZADO 05.08.2019 - 6:35 pm

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Ha sido un comportamiento histórico de oficiales y alistados de la Policía Nacional ejecutar la práctica maquiavélica de colocar drogas y armas de fuego en vehículos, viviendas y en bolsillos de personas inocentes, a fin de fabricar expedientes sustentados en la falacia.
   
Son múltiples los factores que se convierten en soportes de una acción ilegal con el propósito destruir la reputación de ciudadanos inocentes, la cual es auspiciada por quienes procuran perjudicar a semejantes por razones políticas, pasionales, delincuenciales y económicas.
   
También, es lo se ha establecido en investigaciones, agentes policiales incurren en ese ejercicio como medio de extorsión y chantaje, con el objetivo de conseguir dinero y otros bienes, ya que “negocian” la libertad de las víctimas de su trama.
   
Constituye una violación a los derechos de los ciudadanos afectados por la falsedad de acusaciones con evidencias falsificadas, las cuales se inventan los encargados de proteger a la población.
   
Ahora ese “engaño” es difícil de concretarlo, porque las redes sociales desmontan los abusos, atropellos e inventos de miembros de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
   
El caso más reciente ocurrió en el municipio de Villa Vásquez, donde se grabó en las cámaras de seguridad cuando policías introdujeron estupefacientes en una barbería, en el marco de un plan para vincular a los peluqueros con el tráfico y consumo de drogas, situación mucho más grave porque una representante del Ministerio Público amparó un plan sujetado en la calumnia.
   
Corresponde a las autoridades competentes emplear todos los métodos científicos investigativos en la búsqueda de determinar la veracidad o no de las acusaciones contra miembros de la Policía Nacional.
   
Hubo una intervención arbitraria e ilegal, por tanto, el hecho no puede quedar impune, o sea, que a los actores involucrados hay que sancionarlos con drasticidad; jueces y fiscales no pueden permanecer indiferentes frente a la transgresión al sistema jurídico y a los derechos ciudadanos.
   
Es inadmisible la actuación irregular de agentes policiales y de una fiscal, por lo que se deben emplear todos los procedimientos constitucionales para sancionar con rigurosidad a quienes usan el poder contra la ciudadanía.
   
Que se realice, entonces, una investigación seria y responsable, porque es vital para obtener resultados confiables y creíbles; eso espera la sociedad.    

Seguridad fronteriza


La frontera domínico-haitiana requiere de un dispositivo de protección efectivo y eficaz, porque es la fórmula para enfrentar a quienes propician el crimen organizado, el narcotráfico, los contrabandos, migración ilegal y todas las operaciones ilícitas, acciones que atenta contra la seguridad nacional.
   
Ayer el Presidente de la República, licenciado Danilo Medina, se reunió con los mandos militares y definieron planes estratégicos para fortalecer las instituciones en la franja fronteriza y crear estructuras que permitan neutralizar a los “coyotes” que controlan los espacios en la línea que divide a República Dominicana y Haití.
   
El Estado debe adoptan políticas diplomáticas claras frente al vecino país, porque no se puede continuar de espalda de una realidad que impacta en el territorio dominicano.   
Que se resguarde, pues, la frontera dominico-haitiana por la preservación de la dominicanidad e identidad nacional.


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