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Editorial

Crisis política e institucionalidad

ACTUALIZADO 10.07.2019 - 5:49 pm

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La sociedad política atraviesa por una crisis que protagoniza el partido de gobierno, cuyo conflicto interno amenaza de forma inminente con dividirlo, con serias consecuencias para la estabilidad del sistema de partido, sostén del régimen político democrático.
   
Las dos tendencias, que dominan la vida interna del partido de gobierno, se han enfrascado en una confrontación que en el plano ideológico se expresa así: unos, los seguidores del expresidente Fernández, defendiendo la prohibición constitucional que impide una nueva reelección del actual Presidente de la República; y los otros, los seguidores del Presidente Medina, los cuales luchan por modificar la Constitución para habilitar al Presidente para una nueva repostulación, argumentando que la Constitución le viola su derecho a “elegir y ser elegido”.
   
Esas argumentaciones en el plano ideológico, reflejan lo que está de fondo en el plano de los intereses materiales que surgen en la infraestructura del sistema político. En este otro plano la lucha parte de la contradicción que se da en la función social que cumplen ambos grupos en relación a la formación y consolidación de la clase social gobernante y dominante, que ambos grupos han construido aprovechando su paso por el Estado.
   
Desde esa posición, las dos corrientes, una primero y otra después, asumieron como objetivo aprovechar su paso por el poder, para a través del partido, convertir a la cohorte conformada por los suyos y relacionados en clase gobernante y dominante, procediendo para ello a controlar todos los poderes del Estado, al mismo tiempo de apropiarse por todas las vías posibles, lícitas e ilícitas, de los recursos públicos para sustentar y financiar los procesos electorales que legitiman democrática y fácticamente el poder acumulado.  
   
De esa forma, esas dos cohortes del poder partidario no solo se enriquecieron y ascendieron violentamente en la escala social, que es lo que la gente común puede ver con más facilidad, sino que se convirtieron en clase social gobernante y también dominante, compartiendo su condición de nuevas oligarquías con los segmentos de la vieja clase oligárquica del país.
   
El problema, entonces, es quién controla esa función de liderar la coordinación de los procesos que determinan la consolidación y formación de la clase gobernante, con lo cual también se busca asegurar la máxima apropiación de los recursos públicos y la mayor protección judicial que les garanticen la impunidad frente a las fuerzas desafectas tanto locales como internacionales.
   
Es en ese plano donde se origina el conflicto, un conflicto que hasta ahora apunta a no tener solución, sobre todo desde la óptica tradicional de una “dominación personal caudillista”, que confunde el entendimiento estructural, mediante categorías de conocimiento emocionalmente motivadas que no alcanzan a objetivar el origen del conflicto.
   
Mientras tanto, las consecuencias del conflicto cada vez se hacen más graves y evidentes, sobre todo en su impacto en la economía, paralizándola, y en el funcionamiento de las propias instituciones del Estado, tal como se manifiesta en la parálisis del Congreso Nacional, bloqueado por los representantes del partido oficial, a los que se suman los representantes de los demás partidos de la llamada oposición.

¡Entendamos, pues, el conflicto y su impacto institucional!


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