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Editorial

Un clamor general

ACTUALIZADO 03.07.2019 - 6:58 pm

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La crisis generada por la lucha por el poder desatada dentro del partido de Gobierno, ha creado un clima de tensión generalizada que intranquiliza la vida de la nación.   
  
Son muchas y significativas las voces que se levantan clamando por el fin de la crisis política, la cual no solo se manifiesta a lo interno del partido oficial y de los demás partidos, sino que ya alcanza a las instituciones del Estado, tal como se ha dado con la militarización y ocupación del Congreso de la República, el cual ha sido intervenido por las fuerzas militares obstruyendo su normal desempeño.   
   
Ante esa situación, representantes de la sociedad civil y de organizaciones empresariales, profesionales y de la cúpula de la Iglesia, piden poner freno a las pugnas políticas que provocan el presente “estado de cosas” que está minando la confianza y la credibilidad de la ciudadanía.
  
El clamor por el fin de la crisis, sin embargo, debe pasar por un entendimiento de las causales de la crisis, la cual se ve, en un primer plano puramente electoral, como un enfrentamiento entre los cabecillas de las dos tendencias en que se ha dividido el partido oficial, por efecto de las aspiraciones encontradas entre el Presidente Medina y el expresidente Fernández, cuyo antagonismo se percibe irreconciliable. En ese plano no parece haber posibilidades de negociación ni de solución racional.
   
Pero hay otro plano del conflicto que, más que electoral que es un reflejo, se refiere a la lucha dialéctica entre los dos grupos que aspiran, más que a la candidatura, a lograr o mantener el control del proceso de formación y consolidación de la nueva clase gobernante y dominante que ha ido creando el partido de Gobierno en sus dos versiones, leonelista y danilista, a su paso por el Estado, y que se ha profundizado con más alcance y efectividad en los períodos de gobierno del Presidente Medina.
   
Se trata, pues, de una lucha por el dominio del Estado y del control de la función social de la coordinación de los procesos de apropiación de los recursos públicos, a través de lo cual los dos grupos han emergido desde la base de la estratificación social hasta encumbrarse en la cúpula, convirtiéndose en parte significativa de la nueva oligarquía gobernante y dominante. Mantener el control de esa función también asegura la protección económica y judicial ante los ataques de las fuerzas contrarias.
   
Es en ese plano que cabe plantear la eventual solución al conflicto, la cual obliga a un ejercicio de racionalidad frente a la función de coordinación de la apropiación de los recursos públicos para integrar a los dos bandos y luego de ello buscar la fórmula de advenimiento en el plano electoral.
   
De no ser así, los dos grupos estarían abocados a un enfrentamiento de fuerza, sin consenso, donde se habrá de imponer el más fuerte, pero necesariamente sacrificando la unidad del partido y, lo más importante, la legitimidad y la institucionalidad democrática de la nación, lo cual pone en peligro la estabilidad política con vista al futuro.  

¡Qué se piense y se actúe con racionalidad ante la crisis!


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