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Editorial

Democracia confundida

ACTUALIZADO 14.05.2019 - 8:07 pm

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La vida de los dominicanos en estos tiempos se concentra en demasía en la cotidianidad de la política. Los partidos, pese a su falta de credibilidad en la población, concentran la atención de la opinión pública y del ciudadano común.
   
La política se ha convertido en la actividad generadora de expectativa de éxito, por encima de la institucionalidad del mercado, de donde se supone debe surgir vigorosa la iniciativa privada como fuente de la realización de la población. Por el contrario, la gente busca en la política su gran oportunidad para “hacerse”. Con ello también la política ha dejado de ser una actividad de servicio orientada a ordenar el trazado social según la referencia del Bien Común.
   
Junto a esa concepción de la política se ha ido expandiendo y legitimando, la cultura de la corrupción que refuerza la idea de que a la política se va para hacer dinero rápido y según la “conveniencia”. A esa perversión de la política se asocia la distorsión de que política es hacer negocio desde una función pública para beneficiarse y favorecer con ellos a familiares y relacionados.   
   
En ese contexto de actitudes y de antivalores, en el sistema político ocurre otra distorsión que necesariamente es de naturaleza antidemocrática. En efecto, en democracia se asume como criterio de legitimidad, el apoyo popular mediante el cual el pueblo transfiere su poder soberano a sus representantes, los cuales tienen que someterse a los procesos de elección, cumpliendo con la institucionalidad establecida por la ley y sus reglamentos. Los que así resulten electos quedarán “ungidos” con la voluntad popular que legitima.  
  
Eso es lo que se llama legitimidad democrática que se expresa en elecciones libres, pulcras y transparentes, donde los ciudadanos manifiestan sus preferencias de forma directa, respecto a sus elegidos. Contrario a esa legitimidad basada en el respeto a la institucionalidad legal, se encuentra la legitimidad externa o fáctica, que a diferencia de la democrática, se basa en el poder que nace de la propiedad, el prestigio, y la autoridad que dispongan los ciudadanos escogidos o a los que se les atribuye poder por esas condiciones fácticas o externas.
   
A medida que se ha impuesto la cultura de la corrupción, la ciudadanía ha ido dándole mayor vigencia y predominio a las condiciones fácticas que a las preferencias democráticas. El dinero, entonces, se ha convertido en el criterio fundamental para atribuir poder a quienes lo ejercen. De esa forma el régimen político se fundamenta más en el dinero que en la legitimidad democrática. La lucha por el poder, entonces deviene en una competencia entre los manejadores de los recursos financieros y no entre los que aspiran a conquistar el corazón de los ciudadanos, fuente de la legitimidad democrática.
   
Eso ha ido pasando en la democracia dominicana, confundida y debilitada. Llegamos a un régimen donde “el pueblo no elige” sino donde “el dinero elige”, régimen que por necesidad resulta “autoritario” que conecta con la “tradición caudillista”, donde el más fuerte manda y se impone por la fuerza fáctica, además de la popularidad que pueda tener.

¡Hay, pues, que restablecer el poder que emana de la voluntad del pueblo! 


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