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Editorial

JCE e institucionalidad

ACTUALIZADO 10.05.2019 - 7:04 pm

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La controversial y desatinada decisión del Pleno de la Junta Central Electoral sobre el voto de arrastre, la cual ha causado agitación entre políticos, juristas y la Sociedad Civil, se inscribe en el contexto del desorden institucional que prevalece en República Dominicana.
   
Es absurdo que una ley se aplique de una forma para los ciudadanos que habitan en cinco provincias y el Distrito Nacional, y de otro modo en 26 demarcaciones; eso se aleja del raciocinio y de la democracia participativa y representativa.
   
Se trata de un agravio que debe ser subsanado por respeto a la Constitución, al sistema jurídico y a la ciudadanía, a fin de preservar y fortalecer el régimen democrático y establecer un estado de derecho.
  
Como se someterá un recurso de apelación ante los  tribunales Constitucional y Superior Electoral, ha de esperarse que los magistrados de esas cortes fallen contra el “adefesio” aprobado por los miembros de la JCE.
  
 Hay que despejar todo cuanto pueda perturbar las elecciones que se celebrarán en el año 2020, en razón de que se deben efectuar comicios transparentes, confiables y democráticos; esa es la responsabilidad de quienes conforman a la JCE.
   
Consignar el sufragio de arrastre en las principales plazas electorales del país, las cuales están controladas por el partido gobernante, recuerda episodios históricos traumáticos en el campo de la política-electoral, porque los fraudes e irrespeto a la voluntad popular generaron crisis que ocasionaron el caos.
   
Frente a la oleada de críticas contra el dictamen del Pleno de la JCE, el presidente del organismo, doctor Julio César Castaños Guzmán, ha reaccionado con ira, arrogancia y con un lenguaje de corte dictatorial, tras afirmar: “No hay vuelta atrás y la resolución se aplicará tal como ha sido aprobada”. Se debe propiciar un espacio para rectificación, ya que una de las virtudes del ser humano es enmendar los errores en que incurre; porque la irracionalidad empequeñece, y  la sensatez engrandece.
   
Ni los miembros de la Junta Central Electoral ni nadie puede colocarse por encima de la Carta Magna y el sistema jurídico, por tanto, todas las decisiones deben sujetarse al mandato constitucional; quienes se aparten de ese proceso deben ser sancionados con drasticidad.
   
Es preciso reconocer que la Junta Central Electoral es el instrumento jurídico-legal con facultad para  organizar las elecciones, ya que es la rectora del sistema electoral, pero eso no implica rebasar la Ley Suprema y los límites establecidos en la propia jurisprudencia en la materia.
   
Un desafío que deben encarar con responsabilidad los miembros de la JCE, es demostrar independencia del poder político o de lo contrario no estarán en condiciones de asegurar comicios confiables, por eso el 55 % de los ciudadanos no cree en el organismo, cuya tendencia se afianza luego del “yerro” sobre el voto de arrastre.
   
¿Cuál es la misión de la JCE? Su papel es garantizar elecciones transparentes basadas en la igualdad y competencias pulcras, democráticas y apegadas al orden jurídico e institucional.

¡Qué se respeten, entonces, la Constitución y las leyes por la salud de la democracia!


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