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Editorial

La débil democracia

ACTUALIZADO 09.05.2019 - 7:27 pm

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El país político está muy recargado de controversias que ocupan y angustian la vida cotidiana de buena parte de la población dominicana. Esas controversias la manifiestan los partidos, los órganos del Estado y el propio grupo de gobierno, enfrascado en una recia lucha de facciones caudillistas por la reelección continua o diferida.   
   
En los actuales momentos la lucha entre los diversos actores políticos se concentra en torno al proceso electoral, dentro del nuevo marco jurídico y en particular en las decisiones de la JCE sobre el voto de arrastre y no arrastre, así como en el fallo del Tribunal Constitucional contradiciendo la Ley Electoral y de Partidos sobre la forma en que los partidos deben escoger a sus candidatos en función de sus estatutos.
   
A ello se agrega la controversia creada por la sentencia del TSE sobre el PRD, que provocó un revuelo dentro del partido de gobierno, amenazando con juicio político contra tres jueces de ese alto tribunal. Asimismo, el estado de controversias y conflictos se anima por la situación por la que atraviesa el partido de gobierno, que apunta a una inminente división que modificaría el escenario político electoral, haciéndolo más incierto aún de cara a las próximas elecciones del 2020.
   
De ese estado de controversia y conflictividad entre los partidos, se desprende una clara lección: la gran dificultad de los dominicanos para aceptar, asimilar y reproducir con su comportamiento una real cultura democrática. De la débil formación en la cultura democrática del dominicano, nace la débil democracia que rige en las instituciones públicas.
   
El actor político se comporta con mayor destreza y regularidad, dirigido por una matriz normativa que más bien se enmarca en un concepto del poder autoritario, que se practica dentro del modelo de “la dominación personal”, el cual ha tenido de trasfondo la red de relaciones sociales informales y primarias de carácter afectivo, donde transcurre la vida normal del dominicano y donde se ha formado la personalidad social criolla.
   
En ese marco de relaciones primarias y afectivas no puede operar con efectividad el comportamiento formal y de racionalidad legal que subyace en el modelo del poder democrático contenido en las categorías jurídicas de la Constitución y en las leyes.                    
El dominicano prefiere orientarse de forma primaria y afectiva y no apegado a la formalidad de categorías jurídicas impersonales y universales. Por eso las leyes y la Constitución son objetos de tantas interpretaciones incomprensibles y controversiales, a las que hay que buscarle un “bajadero” informal, más efectivo para el modelo autoritario de la “dominación personal”.  
   
Debajo de ese mundo de contrariedades se encuentran los conflictos de intereses, que en el caso nuestro, buscan salida a través del poder autoritario de la “dominación personal” que históricamente se ha materializado en el caudillo y su vocación por la reelección.    
   
En esa dinámica caudillista ha sido infructuosa la lucha de cierta parte del pueblo por instaurar  la democracia y la cultura constitucional y legal. Sin embargo, la aspiración por una democracia que civilice la vida política del país, obliga a seguir luchando por el fortalecimiento y consolidación de la democracia y la institucionalidad constitucional.

¡La vigencia del autoritarismo debilita la democracia!


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