19 Julio 2019 1:43 AM

PortadaOpiniónEditorial

Editorial

Apoyo a la producción

ACTUALIZADO 08.05.2019 - 7:33 pm

0 COMENTARIOS

enviar por email

imprimir

ampliar letras

reducir letras

El Gobierno del presidente Medina, en medio de la intensa lucha por el poder, ha sacado tiempo para decidir mediante decreto una política pública dirigida a estimular a los productores nacionales. La medida oficial dispone la compra de productos del campo de forma directa y sin intermediarios, para ser consumidos en los diversos programas sociales que también desarrolla el sector público.
   
Con esa política pública no solo se beneficiarían los productores nacionales y los propios programas sociales de la Presidencia, sino que se fortalece el encadenamiento interno de los agentes económicos que inciden en la producción agrícola.
   
Con la medida también el Gobierno estimula la generación de empleos en la zona rural, creando las condiciones para elevar la calidad de vida de los residentes en los campos dominicanos. Asimismo, se contribuye a reducir la presión interna que favorece las importaciones de productos desde el exterior, lo que redundaría positivamente en la mejoría de la balanza comercial del país.
   
Se trata, pues, de una iniciativa importante que, de aplicarse con efectividad, surtirá un efecto positivo en la economía rural y de todo el país, al estimular la producción local, al tiempo de desconcentrar las compras y contrataciones públicas.
   
La decisión también es una expresión de racionalidad pública al fortalecer el encadenamiento interno de la economía rural con la economía pública, que operaría similar al encadenamiento de la producción nacional con la demanda de productos locales que hace el turismo internacional a través de la planta hotelera establecida en el país.
   
Los beneficios que el país derive de la política anunciada, dependerán de la efectividad en su aplicación y del control que se llegue a ejercer sobre aquellos sectores e intermediarios que se puedan considerar afectados por la medida.
¡Congratulaciones al gobierno y a los productores nacionales!

Un mal paso


La Junta Central Electoral es un órgano del Estado con una misión muy delicada, porque el marco jurídico constitucional y legal lo concibe en sus funciones como un órgano arbitral que ha de administrar los procesos y reglamentos a través de los cuales se determina la legitimidad democrática que han de alcanzar los funcionarios del Estado electos mediante elecciones libres, transparentes y confiables.
   
Esa misión exige de los miembros de la Junta y de todo su personal, ajustar sus decisiones y comportamientos a la neutralidad técnica y afectiva de sus cargos, la cual debe siempre enmarcarse en las categorías y procesos legales y constitucionales.   
   
En ese sentido, un “invento” como el del “arrastre” para una parte de la población electoral y no “arrastre” para la otra parte, más que un ejercicio de justicia “salomónica”, es una decisión que se hace sospechosa de afectos e intereses parciales, que violentan la necesaria neutralidad técnica y afectiva que deben exhibir los magistrados.
  
 La JCE arrastra un déficit de credibilidad tal como ha quedado establecido en la más reciente encuesta que nos habla de un 55% de descrédito del organismo. Sabemos que los actuales miembros son personas honorables que tratan de mantener una conducta apegada a la seriedad, pero de esa manera es poco lo que podrán aportarle al organismo para mejorar su actual nivel de credibilidad.
¡Qué se corrija ese gazapo!



0 comentario(s)


Le restan 1000 caracteres.

Normas de uso

Este periódico no se responsabiliza de las opiniones vertidas en esta sección y se reserva el derecho de no publicar los mensajes de contenidos ofensivo o discriminatorio.