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Editorial

Regular el monopolio

ACTUALIZADO 23.04.2019 - 6:49 pm

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Los sistemas económicos y políticos están expuestos a los riesgos de la ley o tendencia al monopolio, el cual tiene su origen en el propósito de maximizar los beneficios o el poder en la competencia entre los agentes económicos y partidarios. Todos quieren ganar y para ello desarrollan la disposición a violentar la institucionalidad del marco jurídico que intenta ordenar la sana competencia.
   
A medida que algunos agentes económicos y partidarios van acumulando y ganando poder, la necesidad por el crecimiento continuo y progresivo se va apoderando de su comportamiento, colocándose por encima de los demás competidores, hasta el punto de imponer su voluntad ya sea fijando los precios de los bienes y servicios en el plano de la vida de los mercados económicos, o ya sea en la imposición de la voluntad sobre la voluntad de la población y sus competidores en el plano político-partidario.
   
De esa manera se construyen las oligarquías o minorías empresariales o partidarias que se imponen a los demás, obedeciendo a la lógica que guía la dinámica monopólica. Se produce así la falta de democracia económica y la falta de democracia política. La democracia política se da en el marco de la democracia económica, donde la composición social se ensancha a nivel de las clases medias, las cuales pasan a defender la institucionalidad basada en los valores y normas democráticos, contrario a la situación donde el poder económico o político se concentra en las minorías oligárquicas, las cuales son más proclives a los regímenes autoritarios y dictatoriales, como consecuencia de la ley del monopolio.
   
Por esa razón en los países que han adoptado el formato constitucional de la democracia y del estado de derecho, se prohíbe el monopolio y se castigan las violaciones a las normas antimonopólicas, así como las violaciones a las leyes que regulan el funcionamiento de los mercados empresariales y partidarios.
   
Precisamente las expresiones conflictivas que se observan en nuestro país entre gobierno, empresarios, iglesias y partidos de gobierno y de oposición, tienen su raíz en la vigencia de la ley del monopolio, que en el caso del régimen político, se ha caracterizado por la vigencia de las oligarquías políticas y económicas, las cuales han sacado mayores ventajas, maximizando beneficios o cuotas de poder, por sobre aquellos sectores mucho más disminuidos que conforman los estamentos medios de la estratificación social y sobre todo frente a los grandes sectores de las clases populares normalmente manipulados y marginados de los beneficios y del poder.
   
La lucha interna que vive el partido de gobierno actual, es la lucha de dos facciones que aspiran a monopolizar la vida partidaria y de la nación, asumiendo el paradigma de la dominación personal del caudillismo, versión criolla del autoritarismo totalitario.     
   
Frente a esa perspectiva no democrática es que se ha levantado la voz de la Iglesia en un intento crítico de evitarle al pueblo transitar por una nueva Era autoritaria, negadora de la libertad y la democracia, tal como insinuaran las acciones y expresiones contra ciertos jueces para descalificarlos y sustituirlos, para así monopolizar el Poder Judicial y totalizar el circuito del poder autoritario.

¡Qué se evite el monopolio político! 


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