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Editorial

Poder fáctico en marcha

ACTUALIZADO 11.02.2019 - 6:59 pm

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El régimen político democrático se fundamenta en su legitimidad democrática o interna, la cual expresa la voluntad soberana del voto popular, canalizada a través de la ley y sus procedimientos normativos. La legitimidad de los gobernantes elegidos surge del cumplimiento honesto y transparente de esa institucionalidad basada en la Ley.
   
Cuando se viola la institucionalidad democrática y se alcanza el poder por otros procederes, el poder que surge carece de legitimidad democrática, aunque reúna la fuerza necesaria para imponerse mediante los recursos del poder fáctico: Poder de facto.
   
Un régimen democrático, puede surgir con una alta legitimidad democrática, pero si en el ejercicio del poder se apoya en procedimientos fácticos y coactivos, su base de sustentación va girando de la democracia hacia un régimen autoritario, violatorio de la Ley. Esa transición hacia el poder fáctico, hasta que éste no se haga también ilegítimo, puede gozar de estabilidad si combina eficazmente su legitimidad fáctica con las formalidades de la legitimidad democrática.
   
En esas circunstancias, muchas decisiones pueden parecer como normales y democráticas, aunque son expresiones del poder fáctico dominante. Es lo que parece estar sucediendo con la decisión de la JCE respecto al financiamiento de las primarias de los partidos que le costarán, según lo estimado, cerca de mil quinientos millones de pesos al Estado y no a los partidos que son quienes deben cargar con ese elevado sacrificio, de acuerdo a la Ley.
   
Esa decisión, sin dudas algunas, es de naturaleza fáctica y refleja la vigencia cultural del autoritarismo que sobresale por encima de una concepción institucionalmente democrática. Lo mismo se puede decir de la decisión asumida por la Dirección de Aduanas, la cual administrativamente decide modificar una Ley, que debiera ser materia y responsabilidad del Congreso de la República, estableciendo un impuesto de 8% en vez del 3% actual y contrario al 20% fijado por la Ley para los celulares.
   
Ambas situaciones, la decisión de la JCE y la de Aduanas, son manifestaciones de cómo se ha ido internalizando en el país la legitimidad fáctica por sobre la democrática, proceso que indica como transitamos hacia un régimen autoritario, violador de la Ley y los procedimientos democráticos, en vez de hacia un régimen democrático, el cual cada vez más se aleja y debilita en su institucionalidad.  
   
Esas decisiones nos están pareciendo tan normales, tan naturales del ejercicio del poder, que su adopción e implementación no provoca ninguna reacción de la ciudadanía y de sus múltiples expresiones orgánicas, las cuales ven sin ningún asombro como se levanta ante sus ojos un régimen político autoritario de naturaleza necesariamente antidemocrático que de seguir esa tendencia terminará negando y reprimiendo la libertad y la poca democracia conquistadas a sangre, dolor y lágrimas por los dominicanos.
   
La decisión de la JCE asignándole el financiamiento de las primarias al Estado en vez de a los partidos como dice la Ley, así como la decisión de Aduanas, modificando la aplicación de los impuestos a celulares importados sin que intervenga el Congreso, deberían levantar la conciencia ciudadana, para que ésta exija con fuerza y firmeza el respeto al orden legal y constitucional establecidos.

¡Que se respete, pues, la institucionalidad democrática basada en la Ley! 


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