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Que se respete la ley

ACTUALIZADO 08.02.2019 - 7:05 pm

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La fortaleza institucional y de la democracia debe descansar en el respeto solemne a la Constitución y al orden jurídico de una nación, lo que implica que  los ciudadanos sujeten su conducta a las normas legales y legítimas que regulan el comportamiento de la sociedad.
   
Irrespetar la Carta Magna y las leyes es auspiciar el desorden institucional que sumerge a un país en el subdesarrollo, por tanto, hay que combatir las acciones que estancan a los pueblos en sistemas obsoletos.
   
Corresponde a quienes dirigen los estamentos del Estado demostrar con ejemplos fehacientes reverencia a  la Ley Suprema y la jurisprudencia, porque es la forma de inspirar a los gobernados para que cumplan con sus deberes, y tener facultad para reclamar sus derechos.
   
En República Dominicana se infringen con frecuencia los preceptos constitucionales y legales, por eso no se experimenta una evolución en consonancia con la civilidad y el crecimiento que se registran en otros países en el mundo; se está distante de la institucionalidad.
   
Ahora hay una clara evidencia que expresa una práctica ilegal, ya que está al margen del sistema jurídico, tras los miembros de la Junta Central Electoral proponer que el Estado asuma los gastos de las primarias de los partidos políticos con la especialización de más de mil millones de pesos, porque se violenta el artículo 47 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en el cual se consigna que las  entidades deben cubrir los costos de las convenciones y otros métodos de escogencia de los candidatos presidenciales, congresuales y municipales.
   
Es absurdo e improcedente que el Estado destine tanto dinero en actividades propias de los partidos políticos, cuando hay un marco jurídico que instaura la responsabilidad económica de las estructuras partidarias con esos fines.
  
También es injusto gastar más de mil millones de pesos en las primarias, porque constituye un desacierto esa operación, en una nación con tantos problemas sociales y económicos, como consecuencia de presupuestos deficitarios de las instituciones estatales encargadas de planificar programas y políticas con el objetivo de dar respuesta a las necesidades apremiantes de la población.
   
“Los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística”, eso se consagra en el artículo 47 de la Ley 33-18, en el cual queda muy claro el financiamiento de los procesos internos de los partidos.
   
Las cúpulas partidistas deben interpretar la ley y  reflexionar para comprender que deben financiar las primarias para escoger a los candidatos con miras a las elecciones que se celebrarán en el próximo año 2020; ese es su compromiso.
   
Solo hay que  acatar el mandato legal para garantizar la institucionalidad, y de ese modo contribuir con la democratización del sistema político.
    
¡Qué se respete la ley, ese es el reto!
 


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