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Editorial

Ley y poder

ACTUALIZADO 09.01.2019 - 6:13 pm

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Son muchos los hechos que a diario se van sucediendo y que ponen de relieve la rebelión del dominicano frente a la Ley como instrumento para la convivencia humana institucionalizada. Así resulta que la Ley es “el camino por donde no se debe transitar” para la consecución de metas y propósitos.
   
El dominicano, en cualquiera de sus manifestaciones conductuales, prefiere el camino afectivo de la informalidad de las relaciones humanas primarias. El “amiguismo” es la institucionalidad más poderosa y socorrida para el logro de metas y del éxito. Y por eso también la personalidad social del dominicano se caracteriza por la amabilidad, la simpatía y la “sociabilidad entrenada”, egocéntrica e individualista, condiciones de la que vive. La amistad deviene en utilitarismo y también en patrón cultural que guía las relaciones de la dominación personal, muy propias del modelo autoritario que se materializa en el “caudillo”.
   
Estas consideraciones sociológicas se hacen presentes al momento del ejercicio del poder. En ese orden, la tradición política ha impuesto como patrón cultural, el modelo de dominación caudillista, el cual además de ser una expresión del formato basado en las relaciones primarias, se refuerza recurriendo a los criterios no democráticos de la legitimidad fáctica, tal como son la autoridad, la riqueza, la propiedad y el dinero, entre otras externalidades, que son los criterios con los que se legitiman aquellos que dominan dentro de la red caudillista y personal.
   
De esa manera, el poder no se fundamenta en la racionalidad de la Ley y la institucionalidad normativa de los reglamentos. La autoridad y su poder no vienen dados por la Ley, sino por el poder fáctico de quienes reúnen esos criterios externos. En ese contexto cultural, la institucionalidad democrática basada en la racionalidad impersonal de la Ley, será muy difícil establecer el criterio de la legitimidad interna o democrática que emana de la voluntad popular del “soberano”.    
   
Esa realidad se ha reforzado con la ideología imperante del “libre mercado” que ha convertido la política en una actividad puramente comercial que busca maximizar el poder y el dinero. De esa forma, el patrimonio público deviene en propiedad personal de los caudillos, quienes disponen de ella de forma personal, para beneficio privado de los integrantes de las redes que a su vez devienen en clientelas mercantiles y caudillistas.    
Por esas razones, la democracia en nuestro país cada vez más se sustenta no en el principio democrático de que “el pueblo elige”, sino en el principio autoritario de que “el dinero elige”. Los procesos electorales devienen en “ferias comerciales”, donde tienen la mayor probabilidad de triunfar los que reparten bienes y dineros a las “clientelas”.   
    
En ese contexto, fortalecer y consolidar la institucionalidad democrática, mediante la celebración de elecciones,  supone, entonces, la emergencia de una movilización “revolucionaria” para que se haga vigente el principio de que “el pueblo elija”, en vez de que “el dinero elija”, a través de una institucionalidad electoral fundada en el respeto a la Ley y en unos procedimientos normativos que garanticen la libre expresión de la “voluntad popular”.   

¡Solo así habrá, entonces, institucionalidad democrática y un liderazgo racional-legal en vez del retorno a los caudillos!



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