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Editorial

Expectativas institucionales

ACTUALIZADO 03.01.2019 - 6:49 pm

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Luego de la elección de los nuevos jueces que completaron la matrícula del Tribunal Constitucional, con el inicio de este nuevo año una expectativa institucional asoma de inmediato en el panorama: la integración de los nuevos jueces que conformarán la Suprema Corte de Justicia.
   
Dentro de una semana el 10 de enero, el CNM dará comienzo al proceso para la sustitución de 12 de los 17 jueces de la SCJ que completaron su período de siete años, incluyendo a su Presidente, Mariano Germán Mejía.
   
Ese cambio esperado en el más alto tribunal del Poder Judicial, reviste una gran importancia, en circunstancias en que dicho tribunal ha sido altamente cuestionado por la opinión pública y la población por un desempeño que se ha calificado de comprometido con los intereses políticos partidarios, sobre todo en los casos más escandalosos de corrupción y en ciertos casos en que se han envuelto algunos jueces señalados como integrantes de “mafias” que han operado en el mismo seno de la Justicia.
   
El proceso de evaluación y posterior escogencia de los nuevos magistrados que habrán de completar el alto tribunal, constituye una oportunidad para que se escojan jueces, que al igual que los que se seleccionaron para el Tribunal Constitucional, estén acorde con la expectativa más generalizada en el sentido de que los elegidos sean profesionales probos y con independencia de criterios, alejados de los compromisos partidarios para evitar decisiones y fallos que no se fundamenten en derecho y que por el contrario politicen el desempeño de la Justicia.  
   
Nunca como ahora la nación requiere de órganos del Estado que se desenvuelvan con  independencia de criterios. Esa condición que garantice el principio democrático de la separación de los poderes, se ha puesto en peligro por el simple hecho de que el partido de gobierno no solo ha operado para monopolizar el control de todos los órganos del Estado, sino que al mismo tiempo ha actuado con la finalidad de aprovechar ese control para apropiarse de recursos y oportunidades públicas y convertirse en segmento vanguardia de la nueva clase dominante y gobernante de la nación.
   
Ese resultado lo ha logrado de forma magistral, y como pocos grupos políticos lo han logrado en las naciones de la América Latina, siguiendo la vieja doctrina política marxista de que el Estado capitalista es la súper estructura jurídico-política que responde a los intereses de la clase dominante.
   
Bajo esa concepción no cabe de hecho la vigencia de los principios democráticos de la separación de los poderes y de la alternabilidad en el poder político, tal como lo prevé, y lo asume como ideales, la misma teoría democrática capitalista, la cual frente a las realidades generadas por el “libre mercado” y sus poderes fácticos, resulta un esquema institucional de ideales utópicos que solo sirven de guías para orientar la esperanza de una sociedad política democrática al estilo occidental.
   
Por esas razones la movilización social que impulsa la colectividad nacional, ha de aspirar a que los procesos que determinan la conformación de los poderes del Estado, en este caso la SCJ, garanticen la materialización, lo más posible, de los principios democráticos de la separación de los poderes y su alternabilidad.

¡Qué se escojan, pues, jueces de la SCJ independientes!



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