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Editorial

Consternación

ACTUALIZADO 06.12.2018 - 6:07 pm

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Aunque hay que esperar los resultados de la investigación sobre la explosión en una fábrica en Villas Agrícolas, en la capital, para determinar las causas que provocaron la detonación y  fijar una posición crítica, se evidencia el desorden institucional en el país, por la ausencia de regulación que ordene la evolución urbana.
   
Ha ocurrido una tragedia, debido a que el balance preliminar registra cuatro muertos, decenas de heridos y destrucción de estructuras físicas; la situación ha consternado a la población.
   
Autoridades municipales y del Gobierno Central son responsables, en muchos casos, de desastres como el siniestro sucedido en una empresa situada en el centro de un “polígono” urbano, porque no aplican las leyes que regulan la operación comercial e industrial en áreas restringidas.
   
En el caso municipal, es la realidad, alcaldes y regidores son culpables de  establecimientos de estaciones de combustibles, compañías irregulares y unidades productivas que constituyen un peligro público, ya que aprueban su ubicación al margen de las leyes.
   
Mientras el Estado es cómplice del caos, puesto que quienes dirigen a instituciones como Medio Ambiente, Salud Pública y Ministerio Público no adoptan medidas legales  para impedir la operación de empresas que violan todos los procedimientos jurídicos.
   
Tampoco se ha planificado el desarrollo urbano, lo que implica que empresarios usen espacios públicos donde se concentran multitudes con fines particulares, sin importar el riesgo de quienes viven en perímetros donde no se puede construir.
   
Cómo es posible que envasadoras de Gas Licuado de Petróleo, estaciones de gasolina  y gasoil e industrias de plásticos operen en zonas donde hay guarderías infantiles, asilos de ancianos, urbanizaciones, colegios y escuelas; eso solo es posible en un país donde impera lo caótico.
   
El doloroso hecho registrado en la capital a causa del descuido e irresponsabilidad oficial, convoca a las autoridades a la reflexión para que adquieran conciencia de la necesidad de proteger a la población, ya que la inseguridad es preocupante.
   
Cierto es que la explosión fue accidental, pero eso no es excusa para que se supervisen las operaciones de empresas que están instaladas en el corazón de residenciales, campos deportivos, centros educativos y fundaciones que acogen a discapacitados, niños y ancianos.
Que se regule el funcionamiento de compañías y negocios, porque hay que impedir que operen en zonas pobladas por la seguridad  y la preservación de vidas humanas.

Fiesta deportiva


Desde ayer la comunidad de Salcedo es la capital de los deportes de República Dominicana, ya que se iniciaron los “Juegos Nacionales”, lo cuales no se celebraban desde hace 12 años.
  
La competencia deportiva dará la oportunidad para que  atletas de todo el país exhiban su talento en distintas disciplinas en busca de medallas para representar con dignidad a sus pueblos, y al mismo tiempo sobresalir como símbolos de una sociedad sana.
   
El Estado debe apoyar más a los deportes, porque la práctica y la educación física alejan a la juventud de males como drogas, vicios, corrupción, delincuencia, pandillerismo y el crimen organizado.

Ha de esperarse que los “Juegos Nacionales Salcedo 2018” se coronen de éxitos y que estimulen al Gobierno a desarrollar políticas deportivas eficaces y eficientes.



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