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Editorial

Situaciones conflictivas

ACTUALIZADO 11.10.2018 - 5:39 pm

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El país vive una especie de estabilidad contradictoria. Por un lado se reciben con optimismo y entusiasmo las informaciones continuas sobre el crecimiento de la economía y la estabilidad macroeconómica, mientras que por el otro se manifiestan expresiones contradictorias que revelan situaciones que amenazan la estabilidad y la paz social de la nación.
   
Una de esas situaciones preocupantes se da en torno a la seguridad social, donde desde hace un tiempo se presentan problemas en cuanto a los servicios de salud y a las pensiones. En los primeros el conflicto envuelve a las ARS o administradoras de los servicios y a los prestadores del servicio de salud, clínicas privadas y hospitales, así como a los médicos. En tanto que en materia de pensiones los afiliados y trabajadores se enfrentan a las AFP, las cuales proponen a través de la SIPEN, Superintendencia de Pensiones, diferir de 60 a 65 años la edad de retiro y aumentar el cápita a los afiliados y a las empresas, con lo cual se busca elevar los beneficios para las AFP, al tiempo que se mejore la proporción de las pensiones a otorgar a los pensionados, que en tiempo presente se estima que será de un 30% del sueldo de los asegurados.   
   
Ambas situaciones ponen de relieve la contradicción filosófica y material contenida en el sistema de la seguridad social y que se expresa en el hecho de que la Ley de la Seguridad Social fue concebida de forma invertida, donde lo primero es asegurar una buena rentabilidad para las administradoras intermediarias; lo segundo son las prestadoras; y lo tercero o lo último la salud de los afiliados.
   
La contradicción lleva a la conclusión de que mientras más ganan las ARS o las AFP menos servicios de salud y menos pensiones para los afiliados y menos beneficios para los prestadores de los servicios. De esa manera el conflicto enfrenta a las intermediarias como representantes de los fuertes intereses financieros que manejan los fondos del sistema, con los prestadores de los servicios y a los afiliados, a los que se le suma el Colegio Médico Dominicano, organismo que ha pasado a defender a los miembros del gremio, afectados por los intereses en conflicto de los intermediarios.
   
Ese conflicto debe ser seguido por las autoridades del gobierno, a manera de evitar que el mismo alcance tal magnitud que ponga en riesgo la paz social y la armonía productiva de la nación.
   
De igual modo las autoridades deben actuar en relación al conflicto que se ha generado con la crisis de los combustibles, donde los agentes que intervienen se enfrentan al Gobierno, como consecuencia de los sistemáticos y progresivos aumentos en los precios de los combustibles que hacen inviables las operaciones del transporte, y que a su vez se derivan inevitablemente del aumento de los precios internacionales del petróleo. Este conflicto se ha ido agravando a medida que se ahonda el problema de los precios de los combustibles, hasta llegar a los “paros sorpresas” de los transportistas que alteran el orden público.
   
El diálogo razonable debe primar en el Gobierno y en las demás partes que concurren en estos conflictos.

¡Qué no se pierda la paz social y la tranquilidad ciudadana!   



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