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Editorial

El tranque del tránsito

ACTUALIZADO 09.10.2018 - 5:54 pm

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La Capital dominicana de manera normal presenta una situación dramática en materia del manejo del tránsito y transporte. La cotidianidad capitalina muestra una ciudad moderna pero trancada, donde el estrés se eleva a las nubes, por la imposibilidad de una circulación vehicular fluida y ordenada.
  
Si eso es así en la cotidianidad un simple “paro” por algunas horas como el realizado por FENATRANO este pasado lunes, convirtió el tránsito en un desorden total, donde las autoridades también confundidas arremetieron contra la multitud de ciudadanos que buscaban el servicio para trasladarse a sus trabajos.
   
El “tapón” humano consecuencia del “paro” fue respondido por las autoridades con una represión arbitraria y mal dirigida, ya que el paro no era de pasajeros, sino de transportistas en protesta por los elevados precios de los combustibles, que elevan el costo operacional del servicio, pero con la prohibición de que no se pueden ajustar los precios a los pasajes.   
   
La prohibición que impide el ajuste automático de la tarifa del servicio, según aumentan los precios internacionales del petróleo, es otra irracionalidad arbitraria que va en contra de la misma filosofía que justificaba que si los precios del petróleo suben, los precios de los combustibles suben y “si bajan, también bajan”. Se trata de un principio económico del libre mercado que debió aplicarse de igual manera a la tarifa del transporte, pero que por razones políticas o de gobernabilidad los gobiernos consideraron que la racionalidad no era conveniente aplicarla a los demandantes del servicio de transporte público, para evitar precisamente la protesta social y la eventual desestabilización de la paz social.
   
La falta de una racionalidad más comprensiva, llevó a las autoridades y a las organizaciones de transportistas privados, mal llamados sindicalistas, a una larga cadena de acciones y planes irregulares basadas en el soborno y el chantaje, a lo que se adicionaron decisiones oficiales para beneficiar a otras empresas especiales intervinientes en el negocio de los combustibles, sin ninguna justificación más que el de la corrupción, lo que hace más evidente la irracionalidad política con que se ha manejado el problema de los combustibles.
   
Esas situaciones irregulares en medio de la situación de la actual crisis del transporte y de los combustibles, hace necesario que, entre autoridades y transportistas y también los consumidores del servicio, se abra un debate civilizado que permita que la racionalidad o si no es posible que la razonabilidad, permita identificar acciones, planes o proyectos mediante los cuales se reduzcan las irregularidades que se traducen en “sobrecostos” que distorsionan los precios de los combustibles, haciéndolos sumamente onerosos para los usuarios.   
   
En ese orden, que se tomen las palabras del Ministro Peralta, quien en nombre del gobierno planteó la necesidad de que los transportistas acudan a la mesa del diálogo, del cual deben surgir luces que iluminen, si no la racionalidad al menos la razonabilidad, que allanen el camino de una solución que garantice la paz social y la armonía productiva.
   
En ese diálogo y debate debe considerarse la posibilidad de una reforma a la Ley de Hidrocarburos, con el fin de que internamente se reduzcan los pesados precios de los combustibles.

¡Qué se inicie ese diálogo!


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