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Editorial

CNM: Expectativas

ACTUALIZADO 02.10.2018 - 6:01 pm

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El Consejo Nacional de la Magistratura se apresta a recomponer dos de las Altas Cortes: El Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. En la primera reunión celebrada ayer se trató la definición de la metodología para sustituir cuatro miembros del TC y de la evaluación del desempeño de los jueces de la SCJ que podrían ser removidos. Se trata de un proceso institucional de gran valor e importancia para la vida institucional de la República.
   
En el pasado reciente a raíz de la reforma a la Constitución del 2010, se aprovechó el CNM para politizar esos órganos con resultados conocidos como el de la impunidad que ha permitido cubrir irregularidades de ciertos altos funcionarios que los propios organismos oficiales señalaban con sus propias pruebas.
   
La escogencia y designación de magistrados comprometidos con los partidos y facciones de gobierno en esas Altas Cortes, no solo asegura la corrupción y la impunidad, sino que sienta las bases para debilitar hasta fallecer la precaria institucionalidad democrática y consolida la tendencia monopólica de los partidos de gobierno que se orientan solo por la maximización y concentración del poder, por encima de los demás partidos y de la propia voluntad soberana del pueblo.
   
Por esa vía también se violentan los principios de la democracia de la separación e independencia de los poderes del Estado, así como el de la alternabilidad en el poder político. De esa manera el poder se concentra en un partido que resulta hegemónico, rompiendo el necesario equilibrio entre las diversas fuerzas partidarias que sirven de sustento a la democracia. Se crea una situación que amenaza la estabilidad política de la democracia.    
   
En esta ocasión, entonces, se dan dos grandes expectativas frente a la intervención del CNM: La expectativa enarbolada por amplios sectores de la sociedad civil que aspiran a que el CNM escoja los sustitutos de ambos organismos, sobre la base de aspirantes que reúnan las cualidades de  imparcialidad, independencia de criterio, probidad y trayectoria de hombre de bien que garanticen decisiones basadas en las categorías jurídicas y de derecho y no en base a su afiliación partidaria que distorsiona la ética de las Altas Cortes.
  
La otra expectativa es que la facción de gobierno aproveche la ocasión para colocar en esos organismos magistrados comprometidos con sus propósitos, con fines de ser protegidos y hacerlos inmunes e impunes, frente a eventuales acusaciones en su contra, con lo cual fortalecerían su poder fáctico más allá del poder legítimo surgido de la voluntad libérrima del soberano.
   
El país debe observar con mucho cuidado esta oportunidad donde se juega el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de la nación o por el contrario la oportunidad para que la facción gobernante fortalezca y consolide aun más el poder monopólico que ha construido a través del control casi total de los poderes del Estado y peor aun del poder que emana de su conversión en clase gobernante y dominante.
   
El movimiento de resistencia democrática aglutinado en la Marcha Verde debe ponerse en alerta y demandar del CNM la despolitización de las Altas Cortes, sacando de las mismas a los representantes de los partidos.

¡Esa es la misión que tiene la nación por delante!


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