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Editorial

El Ministerio Público en la sociedad dominicana

ACTUALIZADO 07.08.2018 - 4:35 pm

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En estos momentos el país vive tiempos que jamás esperó, vientos que arrastran las fuerzas del Poder Judicial, contemplados como acto de potencia, materia y forma, que obstruyen la capacidad lógica y objetiva que representa a los principios de la justicia, capaces de mostrar la realidad de la verdad de lo que se ha hecho de la acción moral del sujeto.
   
Hoy día, según el poder del Ministerio Público, se produce la acción del juicio como facultad de juzgar entre la subjetividad y la objetividad, de suerte que la acción depende, en última instancia, de juzgar bajo una concepción no pura, puesto que la facultad es traducida a una aplicación sobre un tiempo vencido de acuerdo a lo que dispone la Ley Orgánica del Ministerio Público, que somete a concurso.   
   
En consecuencia, en el caso de la Magistrada Yeni Berenice Reynoso, parece ser que su destitución responde a otro interés que no es el de la justicia, porque en tal caso, la aplicación vencida  corresponde a una evaluación y no a concurso; en vez de evaluar procedimientos, decisiones, operaciones hechas y resultados de su accionar como representante del Poder, y su modo de hacer caracterizado por un desempeño serio y de entrega, sin miedo ni temor y sin aceptar nada que atente a sus valores, a su dignidad y responsabilidad.
   
En su caso, no es el tiempo de aplicar la Ley del Ministerio, sino de evaluar su desempeño; pues no está optando por un nuevo cargos, ni para ascender.  Los méritos de ella son conocidos por toda la sociedad dominicana. Su paso por las diferentes instancias, así como su desempeño en el cargo de hoy, en la fiscalía del Distrito Nacional, ha sido de decoro, de dignidad, de honor, de honrar la justicia dominicana, cuya ejecución de conciencia, de justeza y de la verdad, le da la limpieza de aplicar la ley apegada a sus principios, ya que hoy día, pocas actuaciones dejan modelos para una nueva sociedad que, necesariamente, tiene que cambiar de rumbo para lograr su institucionalidad, donde la justicia debe ser igual para todos.  
   
Lamentamos que por su forma de aplicar una justicia de igualdad para todos, no se está aplicando igual para ella. Parece ser que no le corresponden los mismos derechos, lo cual en verdad, que afecta la instancia pública, política y social, y que demuestra que no vivimos en una sociedad justa, o que por lo menos maximiza u optimiza la justicia.             
Su voluntad de ejercer al máximo sus funciones, concernientes a su investidura, parecen no estar acorde con el terreno en el cual opera la justicia hoy en día, el cual no es precisamente el de la igualdad humana, su manejo de los casos que involucran  autoridades o funcionarios de poder ha conducido a que ella no deba ser ratificada en el cargo; parece ser que hoy la moral no se considera como principio judicial, sino como una afirmación inmoral, contraria a la tesis de la igualdad de los beneficios merecidos por el buen ejercicio.


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