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Editorial

Desconfianza e institucionalidad

ACTUALIZADO 02.08.2018 - 6:33 pm

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La ciudadanía no tiene confianza en instituciones públicas, porque quienes dirigen las mismas aplican procedimientos, disposiciones y decisiones que en muchas ocasiones responden a intereses particulares y se violan todos los preceptos constitucionales.
   
Por eso se cuestionan con frecuencia procesos que generan incredulidad, debido a que se distancian de principios éticos, la Constitución y del razonamiento lógico.
   
El escepticismo que se expresa con regularidad es el rechazo a los concursos de licitación, compras y contrataciones, para seleccionar a funcionarios calificados  en base a un mandato constitucional y asignar obras a profesionales de la ingeniería, porque en ese campo se violan todas las normas éticas y morales.
   
Ahora se sospecha que el concurso para la elección de los nuevos procuradores fiscales para sustituir a quienes se les venció el plazo en esas funciones, está contaminado, debido a que antes de celebrarse ya hay una preselección de los que serán elegidos.
   
Hay recelo porque se han violado procedimientos vitales y el sistema jurídico, en los cuales se deben sustentar las evaluaciones de quienes concursan para optar por las fiscalías que requieren de nuevos procuradores en esas instancias.
   
El Ministerio Público ha intentado demostrar que el concurso sobre los fiscales no está viciado, pero el discurso y las explicaciones no han sido convincentes, por tanto, las dudas continúan como un enigma que impide comprender, entender e interpretar el procesamiento de las bases y la convocatoria.
   
No es posible lograr que los distintos sectores que conforman la sociedad confíen y den crédito a un proceso plagado de misterio y que se afirma está muy salpicado de los intereses político-partidaristas.
   
Ante la situación que se ha presentado, si es que quiere mejorar la imagen de la justicia dominicana y del Ministerio Público, es pertinente replantear y reordenar el concurso para seleccionar a los nuevos  fiscales, y eso se consigue con la transparencia.
   
Es preferible dilatar la escogencia de los procuradores en vez de apresurarse, porque se evitarían reacciones adversas que sin dudas empeorarían el descrédito del Poder Judicial.
   
Son muchos los escándalos provocados por acciones indebidas de jueces y fiscales, a través de inconductas que sumergen a la judicatura en un atolladero deprimente, para que se agregue otro episodio decepcionante.   
Urge dignificar a la Justicia y al Ministerio Público, ese es el desafío de los actores del sistema judicial dominicano.

Salario y dignidad


La procuradora fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso, quien es un rayo de luz en medio de las tinieblas que arropan al Poder Judicial y al Ministerio Público, ha planteado que mientras se tenga más lealtad al salario que a la dignidad será imposible construir la institucionalidad.
   
Esa es una gran verdad, porque muchos servidores públicos y privados ocultan hechos dolosos, prácticas antiéticas y se humillan para preservar sueldos, aunque con su actitud perjudiquen a la sociedad.
   
Hay funcionarios que aceptan degradación, ultraje y violaciones a sus derechos por la conservación de salarios y otros beneficios; se convierten en cómplices de operaciones ilícitas para no perder un empleo.
Los funcionarios deben actuar con decoro para enaltecerse y edificar la institucionalidad.


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