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Los caminos torcidos de la democracia

ACTUALIZADO 31.07.2018 - 5:50 pm

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La democracia dominicana ha atravesado por situaciones críticas en su transición hacia una mayor institucionalidad fundamentada en el respeto de la Constitución y las normativas legales.
   
En la década de los 80 se recuerda el alto nivel de conflictividad que tuvo lugar en el Congreso de la República, entonces representado por diversas fuerzas partidarias que se enfrentaban en un clima de mayor equilibrio e igualdad, pero donde el partido de gobierno de esa época pasaba por un fuerte proceso de división interna, como consecuencia de los liderazgos que encabezaban las “tendencias” o facciones sectarias que determinaban la dinámica interna del perredeísmo.  
   
En aquellas circunstancias la lucha irracional de tendencias no solo provocó la desinstitucionalización del Congreso, dándose el espectáculo de dos senados encabezados, uno por Majluta y el otro por el senador Tavárez Areché, sino que en su irracionalidad impidió la aprobación y ejecución de importantes proyectos de inversión pública, tal como lo era el Proyecto de la Presa de Madrigal. Pese al caos reinante en esa situación, la proporcionalidad de las fuerzas partidarias aún en medios de incidentes caóticos, permitía un juego político más democrático, por el mayor equilibrio partidario que se daba en el Congreso.
   
Una situación similar pero diferente se está viviendo ahora, con el conflicto que se ha producido entre las dos “tendencias” del partido oficial, y también, aunque menos manifiesta, por la situación que se da dentro del principal partido de la oposición, donde concurren dos tendencias que convergen en la dirección de ese partido, una de las cuales parece influida por la tendencia dominante dentro del peledeísmo. Como en el pasado, cuando se impidió la presa Madrigal, esta situación está entorpeciendo la racionalidad democrática al impedir, hasta ahora, la aprobación de los proyectos de Ley de Partidos y la Ley Electoral, de modo que el país corre el riesgo de asistir a las elecciones del 2020, sin un marco normativo regulador del proceso electoral que dote a la Junta Central Electoral de los instrumentos que impidan que el monopolio político barra con el equilibrio de fuerzas partidarias y con la misma institucionalidad democrática que cada vez solo vive en la formalidad constitucional.
   
Las elecciones del 2020 sin un adecuado Marco Regulador, facilitará la tendencia al monopolio que ha venido ejerciendo el partido de gobierno, el cual consolidaría aún más el poder político acumulado, controlando todo el aparato del Estado y además manipulando los recursos públicos por las vías lícitas e ilícitas, para fortalecer  económicamente a la nueva clase gobernante que ha ido creando desde el Estado.    
   
En ese contexto, a medida que el partido de gobierno fortalezca su poder y dominio, se irá debilitando la institucionalidad democrática, no como consecuencia del caos y la incoherencia, tal como ocurriera en el pasado con las viejas “tendencias perredeístas”, sino precisamente por la hegemonía absoluta que ha logrado ejercer un partido de gobierno que opera según las directrices del monopolio. La democracia, entonces habrá de desfallecer inexorablemente, si no se dan las condiciones que permitan superar el estatus quo presente, para que se den elecciones reguladas que equilibren y hagan más transparentes y limpias la contienda electoral.

Para ello debe superarse el valladar de la nueva clase gobernante y su inevitable vocación monopólica.      




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